Este plan se inserta en el marco de la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030 y da respuesta a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según informó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Con una dotación presupuestaria de 137.452.129 euros, el plan se extiende más allá de las personas que tengan un reconocimiento oficial de grado de discapacidad, considerando que la prevención y la promoción de la salud ha de llegar a todas las personas, con especial atención en la etapa infantil, en el proceso de envejecimiento o bien en otros procesos sobrevenidos, o de enfermedad, síndromes, accidentes etc. y supondrá el desarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a la promoción de la autonomía personal y al bienestar físico, mental y emocional.

Tiene la misión de “promover el derecho de todas las personas y, en particular, de las personas con discapacidad a gozar el más alto nivel de salud posible, sin discriminación alguna, a través de la intensificación de los servicios y apoyos necesarios y de aquellos que permitan prevenir y reducir la aparición o el agravamiento de la discapacidad".

Establece como principios rectores la accesibilidad universal, los derechos humanos, la universalidad, la transversalidad, la evidencia, la cooperación y coordinación, la interdisciplinariedad, el diálogo civil, el enfoque centrado en la persona, la calidad, la perspectiva de curso de vida, la perspectiva de género, la interseccionalidad y la vida independiente.

“Esta política pública estatal será feminista para que las mujeres y niñas con discapacidad tengan voz propia en la sanidad y pivota sobre la atención temprana y el desarrollo infantil saludable como primer estadio de prevención de deficiencias y en la accesibilidad a los servicios sanitarios y como presupuesto irrenunciable para el disfrute a la salud por las personas con discapacidad”, explicó el director general de Derechos de Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco.

De igual forma, añadió Martín Blanco, incluye medidas orientadas a la investigación, formación y toma de conciencia “para que se aseguren evidencias y se eviten discriminaciones en el acceso a la sanidad”.