De esta manera, se cumple el plazo previsto para su aprobación, que estaba fijado en el 31 de diciembre de 2008. El objeto del nuevo reglamento es desarrollar lo previsto por la ley en lo que respecta al método para la evaluación de los escenarios de riesgo medioambiental y a la cuantía de la garantía financiera obligatoria, así como a la metodología de reparación de daños.

El reglamento regula la evaluación necesaria para la identificación del agente causante, la afectación sobre los recursos naturales y la cuantía del daño, y establece los pasos para la aprobación, ejecución y seguimiento del proyecto de reparación que se exige al causante para que devuelva los recursos afectados a su estado básico natural.

Además, prevé la creación de una comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales como órgano de apoyo técnico y de cooperación entre las distintas administraciones implicadas en la aplicación de la norma: Administración Central, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias.

Respecto a la garantía financiera obligatoria, será la autoridad competente la que la determine. Además, se incluyen reglas específicas para las distintas modalidades de garantía financiera previstas en la ley (el seguro, el aval y la reserva técnica) y se precisa el alcance de la extensión de la cobertura que otorga el Fondo de compensación de daños medioambientales gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros.

La repercusión económica de la aprobación del reglamento es nula para las administraciones públicas y, en relación con los operadores, no tiene impacto económico inmediato.

Para el sector privado la repercusión económica comenzará a partir de abril de 2010, ya que la exigencia de la garantía financiera obligatoria se iniciará a partir de entonces.