En cumplimiento de ese pacto, las pensiones tienen garantizado el año que viene un crecimiento equivalente al de la inflación registrada entre noviembre de 1992 y el mismo mes de 1993, al igual que ha sucedido en los últimos ejercicios.

Las fuentes consultadas señalaron que la Administración considera ese pacto, que afecta a casi seis millones y medio de pensionistas, en su mayoría jubilados, viuds e invalidos, como "intocable".

Tampoco están previstos nuevos recortes en las prestaciones de desempleo respecto a la nueva regulación aprobada este año con el denominado "decretazo", que redujo la cuantía de la prestación contributiva y elevó a un año el tiempo mínimo de cotización a la Seguridad Social para tener derecho a ella.

A este respecto, el Gobierno no estudia nuevos cambios restrictivos en la normativa del desempleo, aunque sí pretende abordar durante 1993 una reforma a fondo del INE para incrementar la capacidad de contratación del organismo y luchar contra el fraude en el cobro de prestaciones.

Además de las prestaciones sociales, otros capítulos que podrían quedar al margen del ajuste presupuestario del 93 son los relativos a Sanidad e infraestructuras, a las que el Ejecutivo quiere destinar el 5 por ciento del PIB.

CRECIMIENTO ATASCADO

Por otra parte, el Gobierno estima que el PIB crecerá el año que viene por debajo del 2 por ciento, al igual que en este ejercicio, segn la última previsión realizada por el ministro Solchaga el pasado 21 de julio.

Ese menor crecimiento también echará por tierra la estimación incluida en el plan de crear nuevos 203.000 empleos. La cifra de nuevos puestos de trabajo finalmente creada dependerá en buena medida, según el Gobierno, de los incrementos salariales que se pacten el año que viene.

Las fuentes ministeriales consultadas recalcaron, no obstante, que "el Gobierno, hasta ahora, no ha cambiado los objetivos del Programa de Conergencia, aunque considera que va a ser más difícil alcanzarlos y va a haber que ajustar más".

El ajuste incluirá también una oferta de empleo prácticamente nula, que los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, según portavoces de todos ellos consultados por Servimedia, consideran incompatible con los planes de modernización de la Administración.

A su juicio, no pueden llevarse adelante programas de modernización como los del correo, instituciones penitenciarias o la educación (con la aplicación de la Ly Orgánica General del Sistema Educativo) sin realizar contrataciones de nuevo personal.

El Consejo de Ministros seguirá discutiendo los Presupuestos del Estado en su reunión del próximo viernes, con el fin de remitirlos al Congreso antes del próximo 1 de octubre, fecha límite fijada en la Constitución.