Esta es la respuesta que dio por escrito el Ejecutivo el pasado 24 de noviembre al senador de Compromís Carles Mulet, quien preguntó por las “medidas” a adoptar “para eliminar los elementos fascistas, con enterramientos de dirigentes franquistas o el propio genocida Franco, del cementerio de Mingorrubio” tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

El Gobierno respondió que el artículo 38.3 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática establece que "los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público distinto a un cementerio”.

“El cementerio de Mingorrubio, como su propio nombre indica y la propia pregunta manifiesta, es un cementerio”, contestó el Ejecutivo.

Para Mulet, "es totalmente inaceptable que la ley solamente contemple la expulsión de dirigentes franquistas de sitios que no sean cementerios” y esto “no justifica para nada que Franco este en un panteón Patrimonio del Estado, mantenido con dinero público".