Así consta en varios escritos del Ejecutivo, a los que tuvo acceso Servimedia, y que han sido enviados al Congreso de los Diputados para responder a varias preguntas formuladas por parlamentarios del PP tras la polémica por la acumulación de penas a condenados por terrorismo.

En todos los escritos, el Gobierno reitera que el fiscal actúa "de conformidad con los principios de legalidad e imparcialidad, con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados".

El Gobierno, explica, fija las líneas de la política criminal y penitenciaria, "pero no incide, no puede incidir, sobre la legalidad vigente en los casos concretos, estando delimitados los mecanismos de relación entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal".

Añade el Gobierno que el cumplimiento de penas "debe hacerse de acuerdo con la ley y la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo".

"Esa es la legalidad cuya defensa se encomienda al Ministerio Fiscal, que actúa diligente e indubitadamente promoviendo su puntual y correcto cumplimiento en todos los casos".