En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el secretario general del PP, Angel Acebes, preguntó a Fernández de la Vega si comparte las declaraciones de Cándido Conde-Pumpido de que las personas que aparecen en una foto en actitud vociferante pueden ser sospechosas de haber participado en la comisión de un hecho delictivo.

Esta es la explicación que el fiscal general dio de la identificación y posterior detención de dos militantes del PP que, supuestamente, habían agredido al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación que el pasado 22 de enero convocó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

La vicepresidenta respondió en un primer momento que el Gobierno se limita a respetar la independencia de los jueces y la autonomía del fiscal general.

Tras este primer mensaje, Acebes reiteró que la actuación de Conde-Pumpido, "el fiscal general del Partido Socialista", es una muestra más de que el Gobierno está "dedicado a la persecución del principal partido de la oposición".

Insistió en que los dos militantes fueron detenidos "sin pruebas" y que posteriormente se demostró que no habían agredido al ministro. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno se ha escudado en el fiscal general, encargado de justificar "un atropello" con una explicación "propia de una dictadura".

Fernández de la Vega insistió en su tesis de que las pruebas indican que el ministro Bono fue agredido y dijo a Acebes que Cándido Conde-Pumpido "sabe algo más que usted" sobre procesos penales.

Aseguró, en todo caso, que el Gobierno del PSOE ha permitido que el fiscal general del Estado actúe "con autonomía, con imparcialidad y con arreglo al principio de legalidad".