Según explicó en la Comisión de Fomento del Congreso, "desde que llegamos al Gobierno, se ha incrementado en 115 personas" el equipo técnico encargado de las inspecciones en la Dirección General de Aviación Civil, lo que supone un aumento del 40% en este tipo de personal especializado.

También defendió los nuevos controles introducidos desde 2004, como la suspensión del certificado de navegabilidad por incumplimientos graves y la suspensión del certificado de operador aéreo a una compañía (que se ha efectuado en tres ocasiones).

"El Gobierno ha trabajado intensamente para situarse a la altura de los países más exigentes de nuestro entorno". A este respecto, también explicó las iniciativas puestas en marcha por España en el seno de la Unión Europea, para que se adopten procedimientos homogéneos y centralizados desde la UE.

Citó, como ejemplo, la propuesta de que las listas de pasajeros se vean sometidas a una protección menos férrea, de modo que sea más fácil la labor de identificación de los pasajeros.

Por otro lado, Álvarez incidió en la "independencia" y "autonomía" de la Comisión de Investigación de la que forman parte expertos propuestos desde muy distintos ámbitos y en la que también se integran expertos de otros países, como Italia y Alemania (Estados de procedencia de algunas de las víctimas).

Según la ministra, es "induscutible" que la atención que hay que prestar a la seguridad aérea es una "prioridad". En este sentido, se refirió a la importancia económica del sector aéreo, tanto para el PIB (cerca del 7%), como para el empleo (140.000 empleos directos e indirectos) y el turismo (tres de cada cuatro llegan en avión a España).

"Sería una imprudencia poner en riesgo este sector con juicios de valor no fundamentados que puedan cuestionar su actividad de modo injustificado", dijo.

Por ello, hizo un llamamiento a la Cámara para que mantenga la confianza en el sector aéreo regulado y pidió su colaboración.

"Los accidentes de tan trágicas consecuencias y tanto dolor son más que lamentables. Es nuestra obligación llegar hasta el final con todas sus consecuencias para exigir responsabilidades y arbitrar las medidas necesarias para que no se repita", añadió la ministra.

Finalmente, llamó a "analizar con objetividad nuestro sistema de seguridad, que tiene al menos las mismas garantías que las del resto de la UE y ha conseguido que sea un transporte seguro sobre el que hay que seguir trabajando, en la misma línea" que hasta ahora.