Así lo dijo hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

El proyecto del Gobierno cuenta con el rechazo frontal del PP, pero también de grupos que suelen apoyar al PSOE, especialmente Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ayer anunció una enmienda de totalidad al proyecto con texto alternativo.

La vicepresidenta dijo que el Gobierno tiene la primera palabra de un proyecto de ley, pero la última la tienen los grupos parlamentarios, y "lo que hay que hacer es sentarse a hablar y a argumentar, y que se imponga la fuerza de la razón".

Sin embargo, aseguró que las razones dadas en su momento por el Gobierno para hacer lo que hizo y cómo lo hizo "tienen mucho peso" y cada término del proyecto fue ponderado y meditado.

Uno de los argumentos esgrimidos por ERC para rechazar la ley es la negativa del Gobierno a anular los juicios sumarísimos del régimen franquista.

El Gobierno consideró en su momento que la escasa doctrina del Tribunal Constitucional sobre este asunto invita a no abrir 30 años después procesos cuyas sentencias agotaron sus efectos jurídicos hace décadas.

Cree, además, que podrían ser cientos o miles los procedimientos legales a reabrir con un gasto notable por parte de las familias.

En lugar de las anulaciones, la ley crea un consejo compuesto por cinco notables de reconocido prestigio nombrados por 3/5 del Congreso (210 diputados), una mayoría que requiere el apoyo del PP a los nombramientos.