En una intervención en el Foro Cinco Días, Corredor explicó que, para iniciar este proceso durante el mes de septiembre, el ministerio, a través de la Entidad Publica Empresarial de Suelo (Sepes), consensuará con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias los criterios de selección que determinarán los futuros solares a adquirir por parte del Gobierno en función de los planes de urbanización de cada territorio.

Adelantó, además, algunos de estos criterios, como que sea suelo susceptible de transformación inmediata, que esté en aquellas poblaciones con mayor demanda de suelo, y que el precio pedido por los vendedores sea lo más cercano posible a los módulos de la vivienda protegida.

Tras el plazo de selección, que se producirá entre octubre y diciembre, el Ejecutivo se reservará una opción de compra para los suelos escogidos de seis meses. En ese periodo, realizará un estudio sobre la viabilidad económica de la operación.

Corredor, quien defendió la necesidad de llevar a cabo esta medida en el hecho de que "el suelo público disponible no es suficiente", señaló que se trata de un proyecto a cuatro años, por lo que la cantidad de 300 millones puede ampliarse en función de la oferta de suelo privado disponible y de si esta cumple los requisitos exigidos.

Por ello, negó que el objetivo de la medida sea ayudar a las constructoras e inmobiliarias que se encuentran en dificultades financieras y aseguró que la compra de suelo se llevará a cabo con transparencia y en igualdad de condiciones.

Asimismo, indicó que esta inversión de 300 millones de euros se sumará a la inversión habitual de Sepes para compra de suelo, que el próximo año pasará de 100 a 150 millones de euros.

"Se trata de una medida estratégica del gobierno para conseguir la mayor cantidad de suelo posible para vivienda protegida", agregó Corredor, quien recordó que el objetivo del ejecutivo es construir 1,5 millones de VPO en los próximos 10 años, destinando el 40% a alquiler.