Según el texto, la declaración de “las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española” como manifestación “representativa” del patrimonio cultural inmaterial, “reconoce la cultura sorda conformada por valores, conocimientos, tradiciones y formas de socialización compartidas por la comunidad sorda”.

Junto a ello, también otorga un reconocimiento a las manifestaciones culturales que provienen de la lengua de signos española como narraciones, poesía, representaciones teatrales, monólogos, juegos de signos y humor y las expresiones artísticas en visual vernacular, una forma de arte que, según el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, combina lengua de signos, mimo, poesía y técnicas cinematográficas como planos largos, primeros planos y panorama y en el que el artista asume la perspectiva de cada personaje y aspectos del escenario, por lo que el intérprete adopta cambios de roles entre el sujeto y el objeto, intercambiando los diferentes papeles a medida que avanza la historia.

Asimismo, esta declaración también “valora” el papel de las asociaciones de personas sordas, al entender que “son los lugares donde se han generado estas expresiones culturales, contribuyendo de manera positiva a la cohesión de la comunidad sorda y a la preservación de su patrimonio”.

Para los departamentos de Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun, este “reconocimiento normativo” representa “un avance muy importante para la proyección y promoción de la cultura sorda y de la lengua de signos española”.

El texto recuerda que, en cumplimiento de la Constitución, las administraciones públicas deben “promover y garantizar la libertad y la igualdad, amparando especialmente a las personas con discapacidad en el disfrute de todos los derechos”.

Además, hace hincapié en que la Carta Magna “garantiza el derecho de acceso a la cultura y establece un mandato para la conservación del patrimonio”. El departamento de Pablo Bustinduy subraya que un “compromiso destacado” del ministerio es “incorporar” la lengua de signos española (LSE) en las políticas públicas “desde una dimensión transversal e interseccional”.

Junto a ello, destaca que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008, hace referencia al “valor de la herencia cultural de la comunidad sorda”, instando a “facilitar el aprendizaje de la lengua de signos y promocionar la identidad lingüística de las personas sordas”.

Asimismo, establece el derecho de las personas con discapacidad a “participar en igualdad de condiciones en la vida cultural” y al “reconocimiento y apoyo de la identidad cultural lingüística específica de las personas con discapacidad, incluidas la lengua de signos y la cultura de los sordos”.

En paralelo, en 2007 se aprobó la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y, como “consecuencia” de su disposición final cuarta, se promulgó el Real Decreto 674/2023, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Según el texto del real decreto, esta norma señala que las administraciones públicas “garantizarán el uso de la lengua de signos española como un legado cultural histórico que debe ser conservado” y urge a adoptar “medidas para garantizar la preservación del patrimonio lingüístico y cultural de la lengua de signos española” como la “expresión” de una comunidad cuyos “valores, actitudes, percepciones, pensamientos y acciones están relacionados con la lengua, cultura e historia”.