Según confirmaron hoy a Servimedia fuentes próximas al Gobierno, el Ejecutivo dará simultáneamente una respuesta definitiva a los recursos presentados por las empresas y a la Comisión Europea, ya que la carta enviada este miércoles a Bruselas abre la posibilidad de negociar los detalles con las autoridades europeas hasta la respuesta de los mencionados recursos.

La Comisión ya advirtió a España el pasado 21 de agosto que las 19 condiciones a la OPA establecidas por la CNE van en contra de la normativa de concentraciones comunitaria y son discriminatorias para E.On.

Bruselas ha anunciado que hará pública su postura definitiva el 26 de septiembre, una vez reciba la respuesta del Gobierno español remitida hoy.

Según manifestó hoy el Ministerio de Industria en una nota de prensa, "el Gobierno español reafirma su voluntad de cumplir la legalidad comunitaria en su contestación alrequerimiento de la Comisión Europea sobre las condiciones impuestas a la concentración de E.On/Endesa".

REUNIONES Y DEBATES

En su respuesta a Bruselas, el Ejecutivo "ofrece a la Comisión Europea el mantenimiento de las reuniones y debates que estime necesarios, así como todas las ulteriores explicaciones, que permitan dictar un recurso de alzada ajustado al derecho comunitario".

Sin prejuzgar el sentido de la decisión final, que le corresponde al Ministerio de Industria, el Gobierno español explica a la Comisión Europea las razones para el mantenimiento de las condiciones que tratan de garantizar la continuidad en la contribución a la garantía del suministro de los activos energéticos de la empresa absorbida, sujetos a supervisión o que inciden en el proceso de planificación energética y, por ende, son determinantes en la garantía del suministro (condiciones 1ª a 8ª).

No obstante, el Gobierno admite la posibilidad de modificaciones y ajustes a dichas condiciones, "en línea con las alegaciones efectuadas por las empresas, en especial por la empresa adquirente".

En cuanto a las condiciones referidas a las desinversiones y la obligación de cesión de la gestión de determinados activos (condiciones9ª,10ª y 11ª), el documento suscribe los riesgos, expuestos por la CNE, que la filialización de Endesa pueden entrañar para el cumplimiento de los intereses generales legítimos de España en materia de seguridad pública y, de manera más concreta, en materia de seguridad de suministro y elección de las fuentes de suministro.

No obstante, la carta explica que Industria "deberá valorar la posible existencia de otras medidas que, garantizando suficientemente la seguridad del suministro en relación con los activos analizados, ajusten el alcance de las obligaciones o las sustituyan por otras medidas suficientes para lograr el fin perseguido".

Por lo que se refiere a las condiciones que tratan de garantizar la sujeción y el cumplimiento de la normativa y principios que rigen en la legislación nacional en relación con la garantía de suministro (condiciones 14ª, 15ª) el documento admite por lo que respecta a la condición 15ª que cabría analizar su modificación sobre la base de las consideraciones incluidas en la valoración recibida, aunque considera que no cabe hacer ningún reproche a su imposición, pues su finalidad directa es salvaguardar un interés legítimo, como es la garantía del suministro energético.

CONDICIÓN 17ª

En cuanto a la condición 17ª, que se mantiene, el documento resalta el hecho de que E.On no la ha recurrido y que, además, resulta llamativo que la Comisión la incluya en sus conclusiones preliminares, ya que es similar a la impuesta por Ministerio de Economía alemán en la fusión de E.ON con Ruhrgas, que no mereció ningún reproche por parte de la Comisión.

Por último, las condiciones 16ª y 19ª resultarían modificadas como consecuencia de la estimación, aunque sea parcial, del recurso de alzada.

Por tanto, el Gobierno podría anular total o parcialmente las desinversiones impuestas por la CNE, que representan la tercera parte de la capacidad de generación de electricidad de Endesa, y que se concretan en la central nuclear de Ascó I y demás participaciones en otras nucleares, las centrales de carbón de As Pontes y Teruel, y los sistemas extrapeninsulares de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Es decir, se evitaría el troceamiento de Endesa, uno de los principales argumentos esgrimidos por la compañía que preside Manuel Pizarro en el recurso ante Industria, y al mismo tiempo esta ausencia de desinversiones aceleraría los trámites regulatorios y la CNE no se vería obligada a informar con carácter vinculante, en aplicación de la Función 14, sobre la venta de dichos activos de Endesa.

En definitiva, el horizonte quedará completamente despejado para la OPA de E.On dentro de unos días, como anunció el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre hispano-alemana.

Una vez conocidos los términos de aprobación de la OPA de la energética alemana, el Consejo de Administración de Endesa decidirá si somete a la Junta General de Accionistas el levantamiento de las medidas cautelares existentes en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid y en el Tribunal Supremo en relación con la OPA de Gas Natural, para que ambas ofertas puedan competir y dejar así a los accionistas de la eléctrica elegir entre Gas Natural, E.On o seguir como Endesa.