EL GOBIERNO DARA FACILIDADES PARA LA AFLORACION DE DINERO NEGRO PERO NO OTORGARA UNA AMNISTIA FISCAL
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El Gobierno concederá a los poseedores de "dineronegro" una última oportunidad para ponerse al día con Hacienda mediante la presentación de declaraciones de la renta complementarias pagaderas a plazos y con sanciones inferiores las vigentes en la actualidad.
Esta vía de "regularización fiscal" quedará establecida en una disposición adicional y transitoria de la nueva Ley del IRPF que entrará en vigor en 1992, y que el Gobierno va a consensuar con todos los grupos parlamentarios a excepción del Popular, según explicó hoy en rueda de prensa el ministr de Economía, Carlos Solchaga.
El ministro hizo hincapié en que este mecanismo no supone una amnistía fiscal porque a nadie se le condonará sus deudas con Hacienda "ya que eso -recalcó- quebraría la moral fiscal de quienes han cumplido hasta ahora con sus obligaciones"
La regularización fiscal también afectará a los pagarés del Tesoro, de los que a finales de 1990 había un saldo vivo de 3.707.800 millones de pesetas.
Para ello, el Estado los canjeará próximamente por unos nuevos activos que,en el plazo de cinco o seis años, dejarán de ser opacos y tendrán que aflorar como "dinero blanco".
Para ese periodo de cinco o seis años, la Administración garantiza a los titulares de los nuevos activos que seguirán sin tener que declararlos y podrán mantener oculta su identidad.
TODOS LO APOYAN MENOS EL PP
Solchaga subrayó que estas formulas de regularización fiscal, aunque todavía no están ultimadas, cuentan con el respaldo de los principales grupos parlamentarios, a excepción del Partido Ppular.
A su juicio, se trata de "un asidero razonable, justo y digno" para ponerse al día con Hacienda, además de constituir "la última oportunidad y la más barata" para hacerlo. La alternativa de la amnistía fiscal, añadió, "no es posible políticamente, es dudosamente constitucional y difícilmente aplicable jurídicamente".
El ministro ofreció toda clase de garantías a los titulares de pagarés del Tesoro en el sentido de que el Estado mantendrá la opacidad fiscal de los activos sustitutorios en e periodo de cinco o seis años.
Solchaga destacó el papel positivo que han jugado los pagarés para conseguir una financiación más barata del déficit público, pero reconoció que, con el tiempo, el inconveniente de su opacidad fiscal ha superado a sus ventajas.
(SERVIMEDIA)
29 Ene 1990