En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega quiso trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos, aunque admitió que el Gobierno está "preocupado" por lo ocurrido.

El Ejecutivo, dijo De la Vega, "va a tratar de garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos", en la medida en que se lo permitan sus propias "competencias" y "posibilidades". Se tratará de dar "el máximo respaldo y cobertura a los afectados".

Entre las medidas decididas, ofrecer abogados de forma "gratuita" a los afectados a través de las asociaciones de consumidores; crear en la Audiencia Nacional una "ventanilla única" de información sobre el trámite judicial, y colaborar con regiones y asociaciones de consumidores para canalizar las reclamaciones.

Además, el Ejecutivo va a ser "sensible" y estudiará posibles "medidas de apoyo para las economías más precarias" que se hayan visto afectadas por este caso y que se puedan resentir durante el tiempo que dure el proceso judicial.

Habrá, asimismo, modificaciones legales para aumentar la seguridad y la transparencia en este tipo de inversiones, finalizó.

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