El 20,8 por ciento de los proyectos pretenden facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración, un 37,5 por cien se refieren a mejoras de la gestión interna de los servicios, un 9,4 por cien suponen reestructuraciones, un 3,1 por cien incluyen experiencias integrales de modernización y el 29,2 por cien restant tienen carácter mixto.

El ministerio que presentó más proyectos es el de Asuntos Exteriores y el que menos el Portavoz del Gobierno, con 19 y 3 respectivamente. Los programas afectan a todas las áreas administrativas, desde la sanidad y la educación hasta los transportes y las obras públicas.

Entre los proyectos cuyo objetivo es hacer más fluida la relación entre la Administración y los ciudadanos, destaca el dirigido a identificar a todos los funcionarios que trabajen de cara al público, a fin e que facilitar la presentación de quejas y reclamaciones.

También incluye la reducción de los trámites administrativos mediante la potenciación de la consulta telefónicas y la reducción del papeleo, y el uso de un lenguaje claro y no vejatorio para el ciudadano en las notificaciones escritas.

En declaraciones a los periodistas, Eguiagaray confirmó que el plan estará ultimado "en un par de semanas" y explicó que el objetivo es "hacer la vida más fácil al ciudadano, informarle mejor y proporcionare unas mejores prestaciones".

El ministro, que no precisó el coste del plan, señaló que la identificación de los funcionarios que atiendan al público deberá desarrollarse en los próximos meses, ya que también es un derecho reconocido en la nueva Ley de Régimen Jurídico de la Administración, actualmente en trámite en el Parlamento.

El propósito final del plan es incrementar la productividad de la Administración que, según una estimación realizada por el Instituto de Estudios y Análisis de la Secrearía de Estado de Economía, es inferior en un 9 por cien a la del sector privado.