Según el Ejecutivo, el objetivo de este acuerdo es lograr una mayor calidad técnica de las leyes y evitar los litigios y conflictos provocados por las insuficiencias técnico-formales de algunos anteproyectos.

Para realizar los textos, todos los departamentos de la Administración se regirán por unas normas teóricas que ha elaborado el Centro de Estudios Constitucionales.

Las nuevas pauta no afectan, según el Ministerio del Portavoz, a la plena y exclusiva potestad de las cámaras para deliberar y decidir libremente el contenido y la forma de los proyectos remitidos por el Gobierno.

Este acuerdo para pulir la redacción de los textos gubernamentales se produce semanas después de que el polémico proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fuese retocado lingüísticamente por el Grupo Socialista del Congreso.

Con ello, se pretendía encontrar las palabras más adecuadas para limar las aspereas de los artículos más controvertidos de la futura ley.