Así lo avanzó el sindicato, que señaló que este acuerdo se enmarca en la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene lugar el 25 de noviembre, y permitirá “prevenir, detectar, abordar y erradicar este tipo de conductas” del ámbito laboral.

Desde CSIF aseguraron que este el protocolo será el de “mayor ámbito de aplicación laboral en España” y afectará a los más de 230.000 de personas que trabajan en la Administración General del Estado, así como a las empresas externas contratadas del sector privado.

En concreto, el protocolo recoge un mecanismo “rápido, eficaz, accesible, sencillo, confidencial y anónimo” para proteger a las personas que puedan ser víctimas de acoso sexual o por razón de sexo. Entre otras acciones sancionadas, el texto recoge el acoso realizado a través de medios tecnológicos e informáticos y “por primera vez” se hace una mención específica al trato denigrante al colectivo trans.

CATEGORÍAS

El acuerdo entre Gobierno y CSIF recoge hasta cinco categorías de acoso sexual. En primer lugar, se habla de “conductas verbales”, que pasan desde “insinuaciones sexuales”, “flirteos ofensivos” y “comentarios insinuantes, sugerentes o desagradables” hasta “llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados” y “bromas o comentarios sobre apariencia sexual”.

El protocolo sancionará también las “conductas no verbales”. Esto es “exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos”, “miradas impúdicas y gestos”, “cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales de carácter ofensivo o con claro contenido sexual”.

Los funcionarios podrán denunciar de forma simultánea acoso a través de “comportamientos físicos” como el “contacto físico deliberado y no solicitado”, “abrazos o besos no deseados” y “acercamiento físico excesivo e innecesario y gestos obscenos”.

POR SEXO U ORIENTACIÓN SEXO

La Administración castigará también las “conductas constitutivas de acoso por razón de sexo”. Esto es “el demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad o paternidad”; “conductas hostiles hacia quienes ejerciten sus derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional”; “descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona, su puesto de trabajo y su implicación por razón de género”; y “conductas discriminatorias por ser hombre o mujer”.

Por último, el protocolo perseguirá las “conductas constitutivas por orientación sexual, identidad o expresión de género”, entre ellas, “ignorar aportaciones”; “realizar comentarios o acciones que afecten a la dignidad de la persona”; “dirigirse con maneras ofensivas o llevar a cabo conductas que denoten una falta de respeto por la diversidad sexual y de género”; “ridiculizar a la persona o utilizar humor de forma despectiva”; y “menospreciar el trabajo o utilizar humor sexista y vejatorio de manera reiterada y con intención de vejar”.

OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR

Según avanzó CSIF, todos los funcionarios estarán obligados a poner en conocimiento los casos de posible acoso que conozcan.

Durante la aplicación del protocolo se adoptarán medidas como la reordenación del tiempo de trabajo, cambio del lugar o de tareas administrativas encomendadas, sin pérdida de retribuciones. Además, se establecerán actuaciones para la completa recuperación de las víctimas, el restablecimiento de la dignidad y su reputación.

Una vez que se firme, el protocolo se elevará al Consejo de Ministros para darle rango de real decreto-ley y contemplará un mecanismo de actuación y protección a las víctimas, que deberá ser resuelto en un plazo no superior a los 30 días desde que se produce la denuncia.