La Ley de Memoria Democrática contempla en sus disposiciones adicionales duodécima, decimoquinta y decimosexta la creación de comisiones técnicas para el estudio de diversas cuestiones. Las comisiones, de carácter esencialmente técnico y asesoramiento, dada su finalidad establecida en la ley, contarán en su composición con personas expertas especializadas en las materias objeto de estudio. Estas comisiones, adscritas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se constituyen de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El objetivo de la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España es elaborar un informe sobre las medidas necesarias para la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición sobre la situación histórica del pueblo gitano en España.

El objetivo de la segunda comisión es elaborar un estudio sobre las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura, reconocidas en normativas estatal y autonómicas, con conclusiones y recomendaciones sobre cobertura alcanzada y déficits subsanables. La elaboración del estudio abordará la naturaleza de las ayudas, personas destinatarias, alcance y vigencia temporal, así como los elementos relevantes necesarios para su finalidad reparadora y el impacto y resultados obtenidos.

La comisión para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia tiene el objetivo de elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.

Entre las eventuales víctimas de tales vulneraciones, en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista, o que realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Las presentaciones de los estudios deberán producirse en el plazo de un año, contado a partir de la constitución de la Comisión. La creación y funcionamiento de estas comisiones no supondrá incremento del gasto público y serán atendidas con los medios personales y materiales adscritos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Las comisiones dejarán de desempeñar sus funciones y se considerarán extinguidas una vez presenten los informes y estudios encomendados.