Este nuevo órgano consultivo pretende ser un espacio de reflexión y coordinación entre los distintos actores sociales, ONG del movimiento asociativo gitano y la Administración General del Estado.

Tiene, además, como finalidad recoger las aspiraciones, demandas y propuestas dirigidas a la promoción integral de los gitanos y asesorar en la planificación de las actuaciones propuestas por la Administración.

Proponer y asesorar sobre medidas para la promoción integral de la población gitana, dentro del marco de competencias de la Administración General del Estado, incorporando el principio de transversalidad, y asesorar sobre el diseño, elaboración, evaluación y seguimiento de los planes de desarrollo gitano son dos de las funciones de este órgano.

Asimismo, la nueva entidad tiene la función de presentar iniciativas en relación con los fondos para programas destinados a la población gitana y a los criterios de distribución.

El consejo emitirá dictámenes e informes sobre aquellos proyectos normativos y otras iniciativas que se sometan a su consideración y que afecten a la población gitana.

Promover y recabar la comunicación y el intercambio de opiniones e información entre la población gitana y la sociedad en general, así como impulsar estudios sobre proyectos y programas relacionados con la promoción integral de la comunidad gitana e iniciativas de sensibilización son otras funciones de este nuevo organismo.

El consejo estará formado por un presidente, dos vicepresidentes, cuarenta vocales y un secretario. La presidencia recaerá en el titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Los representantes de las asociaciones del movimiento asociativo gitano contarán con una vicepresidencia y veinte vocalías.