En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se aprobaron los anteproyectos de ley, que ahora deberán informar tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, López Aguilar se apresuró a aclarar que esto no es una respuesta a la reclamación de comunidades que, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, piden por la vía de los hechos (propuesta de reforma de sus respectivos estatutos) la creación de CGPJ autonómicos.

Además, el titular de Justicia aseguró que la creación de estos consejos no va a interferir en cómo imparten justicia los magistrados de cualquiera de las ocho comunidades que tienen transferidas competencias judiciales, respecto a los de las nueve autonomías que no han asumido esas competencias porque todos los españoles son iguales ante la ley.

Previamente a la exposición del titular de Justicia, la vicepresidenta primera y ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, justificó esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la creación de los juzgados de proximidad en el hecho de que "desgraciadamente, la justicia es percibida como un servicio lento, lejano, y, en más ocasiones de las deseadas, ineficaz".

López Aguilar aseguró que, antes de que las Cortes den el visto bueno a la ley habrán pasado meses en los que el Ejecutivo socialista tiene intención de "compartir deliberaciones" tanto con las autonomías, en esa reunión del Consejo Sectorial de julio, como con las asociaciones profesionales que agrupan a jueces, fiscales y secretarios judiciales.

Juan Fernando López Aguilar juzga absolutamente necesario descargar de asuntos al Tribunal Supremo, para dejarle que se dedique a unificar doctrina. Si ahora tiene casi 18.000 casos acumulados en espera de sentencia, ha dicho, es porque han fallado las instancias inferiores, en particular, los tribunales superiores de justicia, que ahora pasan a ser última instancia en casación.

El CGPJ, advirtió el ministro, no va a ver mermadas sus facultades fundamentales porque promoción de jueces, ascensos en la carrera, inspección y régimen disciplinario en toda España seguirán bajo su control. López Aguilar ha insistido en que estas reformas "están en el programa del PSOE" y no son fruto de una improvisación derivada de los pactos del Gobierno con nacionalistas.