Durante la visita al centro de mayores de Cruz Roja Española "Reina Sofía", el ministro dijo que la gestión del traslado de los menores inmigrantes son "competencia de las comunidades autónomas", pero reconoció el "grave problema que vive Canarias, que está desbordada".

A este respecto, aseguró que el Gobierno "hará todo lo posible" por ayudar al Ejecutivo canario, así como que ha convocado a la comisión mixta del Congreso en materia de Inmigración para tratar la gestión de estos traslados.

Reconoció también la labor de las ONG en la puesta en marcha de estos dispositivos de traslado, al hacerse cargo de la acogida del 80% del total de personas trasladadas a la península.

Así, según datos facilitados por Caldera, este año han sido trasladados de Canarias a la península un total de 11.826 inmigrantes, la mayoría de ellos (cerca de 10.000) acogidos por ONG. El resto, 2.189 (20%) fueron responsabilidad de las comunidades autónomas.

"En el año 2005 el Gobierno tomó la decisión de crear un protocolo para el traslado de estas personas en las mejores condiciones humanitarias y con programas de acogida de los inmigrantes de Canarias a la península, algo que no se hacía en el año 2002, cuando Rajoy ostentaba el cargo de ministro de Interior", sentenció.

Además, insistió en que "los protocolos se han venido cumpliendo estrictamente, en condiciones de garantías de sus derechos y comunicando los traslados previamente a las comunidades autónomas".

En cuanto a las críticas recibidas, Caldera reiteró que "sólo en una ocasión ha habido un problema de gestión y no se comunicó previamente a la comunidad en cuestión sobre ese traslado, implicando sólo a 50 de las 11.826 personas trasladadas" hasta el momento.

UN FENÓMENO "POSITIVO"

Por otra parte, recalcó que la inmigración es un "fenómeno positivo" para España, ya que realiza una aportación "muy importante" a la economía del país, y "ha contribuido al crecimiento económico del producto interior bruto y a la mejora del empleo", entre otras cuestiones.

"Sin el fenómeno de la inmigración, España habría sufrido estancamiento económico en los últimos diez años, como le ha ocurrido a países como a Alemania y a Francia, y habríamos perdido población", añadió.

No obstante, insistió en que la llegada de estas personas se tiene que dar desde una perspectiva "legal". A este respecto, recordó la "ofensiva diplomática" lanzada por el Gobierno "pidiendo la implicación de la Unión Europea". "Estoy convencido de que conseguiremos reducir estos flujos, aunque será una tarea compleja y difícil", sentenció.

También dijo que la UE "sí se está implicando" en el problema de la inmigración que sufre España y, "aunque no pueda hacernos llegar más recursos económicos este año, sí lo hará en 2007". "Esperamos que las peticiones de la vicepresidenta respecto al operativo Frontex se cumplan".

En cuanto a las críticas recibidas acerca del elevado número de inmigrantes llegados a España durante el mes de agosto, el ministro reconoció que "es muy elevado" y que, "probablemente se superarán las cifras de años anteriores".

No obstante, subrayó que, durante el año 2003, bajo la gestión del Gobierno de José María Aznar, "llegaron más de 19.000 inmigrantes ilegales a través de Canarias y del Estrecho, porcentaje al que habría que sumar el número de personas que llegaban sin ser detectadas".

Finalmente, se pronunció acerca de la situación de los 53 inmigrantes subsaharianos que se encuentran, según la ONG Médicos del Mundo, "en tierra de nadie", y dijo que el Gobierno "hará todo lo que esté en sus manos" para defender los derechos y el trato humanitario de estas personas.