El presidente de la Asociación pro Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat, aseguró en su ponencia que en Europa se ha producido un "injusto" endurecimiento de las leyes de asilo.

A su juicio, esta postura ha provocado "la brutal paradoja de la construcción de un mundo tan libre y tan universal en el que circulan libremente las ideas, los capitales, las mercancías, pero en el que se restringe esa libertad para los ciudadanos".

Señaló que esa ha sido la trayectoria seguida en España: "La política del Gobierno español desde 1985, cuando se aprueba la Ley de Extranjería, ha seguido ese rumbo de restricción y represión del derecho de emigración".

En su opinión, el efecto pernicioso de esta ley se ha traducido en la "conversión del emigrante en delincuente", lo que ha afectado a unos 200.000 extranjeros en España "que se han visto condenados a la ilegalidad".

La falta de integración social de los inmigrantes ha favorecidotambién, en su opinión, "la margiinación y el desplazamiento de esta población a sus 'guettos' propios".

Gimbernat dijo, asimismo, que esta política se inscribe dentro de lo que el Parlamento Europeo llamó en un informe de 1990 "racismo o discriminación institucionalizada de los inmigrantes", postura que desemboca en la xenofobia.

José Manuel de Paúl, magistrado en la Audiencia de Sevilla, se refirió por su parte a la libertad de expresión y dijo que la doctrina común del Tribunal Constitucional s "un importante valuarte en la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información".

Para el magistrado, las modificaciones previstas en esta materia en el anteproyecto de Código Penal son "en términos generales aceptables". Así, en su opinión, el mantenimiento de la responsabilidad penal "en cascada" no debe considerarse atentatorio contra la libertad de expresión.

Sin embargo, de Paúl criticó la regulación de los delitos contra el honor, ya que en su opinión no es aceptable el txto propuesto respecto a las injurias y la difamación.

Se mostró contrario a la sanción penal de informaciones veraces obtenidas legítimamente y rechazó la pena de inhabilitación profesional para los periodistas que, a su jucio, debería ser erradicada.

Entre las conclusiones debatidas hoy por los congresistas se encuentran la agilización de los trámites judiciales y la configuración de juzgados especializados en delitos económicos en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónoas.

A lo largo de las jornadas, los participantes pidieron además la constitución de juzgados de barrio, la supresión de los privilegios de jueces y magistrados a la hora de ser encausados y la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

También debatieron asuntos polémicos como el apoyo a la huelga general y la oposición a la reforma del mercado laboral aprobada por el Ejecutivo, al tiempo que discutieron varias mociones relativas a la represión del narcotráfico y al "derecho al consumo, debidamete reglamentado, de sustancias estupefacientes" o la cesión del 0,7 por ciento del PIB para los países en desarrollo.

La asamblea aprobó también una resolución condenatoria de las escuchas ilegales en los locutorios de prisiones del Estado, soliciatndo que sólo sea consentida "previa autorización expresa y casuística del juzgado competente".