Así se afirma en una respuesta del Gobierno a una pregunta sobre los resultados obtenidos en la averiguación del origen del "dinero negro" en España formulada por el diputado Antonio Romero, del grupo parlamentario de Izquierda Unida.

En su respuesta, el Gobierno diferencia el "dinero negro" generado en actividades ilícitas o delictivas (narcotráfico, principalmente) del que se origina en actividades económicas lícitas, pero que no s somete a la debida tributación.

Del descubrimiento y persecución del "dinero negro" procedente de actividades ilícitas se encargan los órganos policiales y judiciales, mientras que en el caso del dinero que no tributa es el Ministerio de Economía y Hacienda el que lo controla.

Según el Gobierno, el "dinero negro" originado en actividades económicas lícitas pero que no tributa procede fundamentalmente de los beneficios obtenidos en las actividades empresariales, profesionales, artísticas y agrícoas, que son superiores a los declarados en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades.

Otros orígenes son las plusvalías obtenidas en el tráfico inmobiliario y no declaradas como tales y las operaciones especulativas en los mercados financieros y de valores, cuyos beneficios también se han ocultado a la Hacienda Pública.

MECANISMOS DE OCULTACION

En cuanto a los principales mecanismos de ocultación del "dinero negro" en los ultimos tiempos, han sido, según el Ejecutivo, las inversiones en activos fiancieros ofertados como "opacos", es decir, en los que no se informa a la Administración de la inversión inicial y su posterior rentabilidad.

También se oculta en operaciones de fiscalidad internacional realizadas para eludir el pago de tributos, en la constitución de sociedades para residenciar en ellas beneficios, en la interposición de personas físicas no declarantes y en la adquisición de "facturas irregulares" que justifican gastos inexistentes.

El Gobierno asegura que la lucha contra el frade fiscal constituye "un objetivo prioritario de la Administración Tributaria".

El "dinero negro" aflorado en la última regularización fiscal llevada a cabo en España, cuyo plazo de canje finalizó el pasado 31 de diciembre, ascendió a 1,050 billones de pesetas, de los que 880.000 millones estaban colocados en pagarés del Tesoro y activos forales.