El Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP) ha enviado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a los partidos políticos con representación parlamentaria un documento que serirá de base para la negociación y que contiene las líneas maestras de lo que debe ser el futuro pacto.

Francisco Peña ofreció hoy una rueda de prensa en la que explicó el listado de materias que figura en el documento como susceptibles de ser gestionadas por los ayuntamientos, aunque insistió en que esa relación de temas está abierta y no es definitiva, y podrá ser enriquecida con las aportaciones de partidos y municipios.

En materia de deportes, los poderes locales solicitan la gestión de instalciones deportivas ubicadas en los municipios, salvo las de alta competición, así como las que se encuenten en los centros de enseñanza. En educación, las demandas de la FEMP se centran en la participación en los programas de enseñanza y en las competencias en educación infantil (de 0 a 3 años), de adultos y educación especial.

En cuanto al empleo, reclaman la planificación y gestión de la formación ocupacional, de diversos programas de autoempleo y la coordinación de los centros colaboradores del INEM En el área de servicios sociales, juventud y mujer, los ayuntamientos piden competencias en los centros de atención primaria (ayuda a domicilio, marginados y acogida familiar), centros de ayuda a indigentes y drogodependientes, así como la gestión de albergues juveniles.

Peña reconoció que las mayores dificultades se producirán en las competencias relacionadas con el urbanismo, lo que, a su juicio, desencadenará tensiones entre las comunidades autónomas y los entes locales.

En concreto, los ayunamientos demandan la aprobación de planes municipales en concentraciones de más de 50.000 habitantes, las autorizaciones de usos en suelo no urbanizable, la declaración de urgencia en expedientes de expropiación y mayores competencias sobre regulación y sanción de actividades molestas, insalubres y peligrosas.

FINANCIACION

En cuanto a la financiación para futuros traspasos competenciales a los entes locales, Peña dijo que el documento no habla de dinero y que ese asunto corresponde al Ministerio de acienda.

No obstante, dejó claro que estas cesiones de competencias no supondrán un mayor coste para el Estado, sino que sólo cambiará el gestor (de las comunidades autónomas a los ayuntamientos), sin que aumente el gasto público o el déficit público.

Peña recordó que la distribución del gasto público consolidado por las tres administraciones es de un 63 por ciento para el Estado, un 23 por ciento para las comunidades y un 14 por ciento para las entidades locales.

En este sentido, dijo que s el Pacto Local se lleva a la práctica en los términos contenidos en el actual documento programático el gasto de los ayuntamientos pasaría de ese 14 por ciento a 4 o 5 puntos porcentuales más, con lo que se contribuiría a reequilibrar el gasto entre las diferentes administraciones.

Finalmente, Peña aseguró que la aplicación del Pacto Local no traerá consigo la modificación de ningún precepto legal, como la Ley de Bases de Régimen Local, aunque apuntó la posibilidad de que sí fueran retocadas algunas eyes de carácter sectorial.

Igualmente, subrayó que el Gobierno ha constantado que todos los grupos políticios tienen la voluntad de incorporarse a un Pacto Local y que ni siquiera hay reticencias por parte de las formaciones nacionalistas.