El objetivo es que las CCAA "formulen cuantas alegaciones, observaciones y propuestas consideren oportunas, con lo que se abre un proceso de negociación para alcanzar el mayor nivel de acuerdo", señalaron desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un comunicado.

"El documento pretende ser respetuoso con la Constitución, como lo demuestra el reconocimiento y profundización que hacen de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas", defiende Trabajo.

El Gobierno trata de zanjar así la polémica abierta días atrás por el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, quien denunció que el proyecto eliminará a las comunidades de la gestión de la formación continua. Este viernes se supo que varias comunidades amenazaban con recurrir la norma al Tribunal Constitucional.

"El borrador es sólo el inicio, y sin duda sufrirá modificaciones con el fin de alcanzar el máximo consenso y el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional en todos sus extremos", indica el comunicado de Trabajo.

Además, desde el ministerio que dirige Jesús Caldera se recordó que las partidas presupuestarias en esta materia que gestionan las regiones se han incrementado notablemente en los últimos dos años.

El decreto, que se ha elaborado sobre la base del acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos el pasado 7 de febrero, establece un nuevo sistema de formación profesional que integra en un marco único la formación continua, dirigida a los trabajadores, y la ocupacional, destinada a los desempleados.