A estas subvenciones tienen derecho todos los sindicatos que obtuvieron representación en las elecciones de 1990, y su cuantía se gradúa en función del número de delegados conseguidos, por lo que UGT y CCOO se llevan la mayor parte.

Los sindicatos podrán destinar ese dinero a todas as actividades propias de su organización, incluyendo el alquiler o la compra de locales, siempre que tenga como finalidad la acción sindical.

Según la normativa en vigor para 1992, las organizaciones solicitantes de las subvenciones deberán demostrar que están al corriente de sus obligaciones tributarias y de las cuotas de la Seguridad Social.

También tendrán que presentar un certificado de la Dirección General de Trabajo que acredite el número de representantes que tienen y adjuntar una memoriade las actividades de carácter formativo y otras que realicen.

Los sindicatos se comprometen a someterse a los controles que sobre el gasto de las subvenciones pudieran realizar el Ministerio de Trabajo, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.

Además, la norma establece también que los sindicatos beneficiarios de las subvenciones deberán comunicar al Ministerio de Trabajo la obtención de otro tipo de ayudas otorgadas por otras administraciones o entes púbicos.

El reparto de las subvenciones presupuestarias de 1993 será la primera ocasión que UGT y CCOO tendrán para aplicar el protocolo suscrito entre ambas organizaciones para repartirse al 50 por ciento las ayudas que reciban de los Presupuestos del Estado.