Después, en la rueda de prensa, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró el mensaje de tranquilidad que el propio presidente trasladó días atrás a los inversores afectados.

Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno trabaja, junto al resto de administraciones, por garantizar los derechos de todos ellos, dentro de la legislación vigente y en el ámbito de sus competencias.

Por el momento, el Gobierno pondrá a disposición de las organizaciones de consumidores y usuarios los medios necesarios para atender las demandas de los estafados, la principal de las cuales es el asesoramiento y la defensa jurídica.

Con esa misma finalidad, el Gobierno se dirigirá a la Audiencia Nacional para poner a disposición de los afectados una "ventanilla única" ante la que gestionar todos los trámites judiciales.

El primer paso, explicó la vicepresidenta, es determinar el número exacto de afectados y la cuantía de cada una de las inversiones, así como los "bienes disponibles" para hacer frente a las compensaciones.

Habrá que determinar, dijo, los activos líquidos, mobiliarios e inmobiliarios de las dos empresas, así como las pólizas de seguros suscritas por cada una de ellas. Con todo ello, añadió, el Gobierno espera que haya "medios suficientes" para afrontar las compensaciones.

No obstante, dado que será un proceso judicial largo, el Gobierno estudiará la situación de cada uno de los afectados y adoptará medidas "de ayuda" para las rentas más precarias que acusen especialmente la pérdida de sus ahorros.

La vicepresidenta no aclaró en qué podrían consistir esas "ayudas financieras" ni a cuantas personas podrían aplicarse, porque será algo que deba analizarse en las próximas semanas.