En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega dijo que el Gobierno "busca siempre el máximo apoyo de todas las fuerzas políticas que integran el Parlamento, y, por supuesto, el grupo parlamentario de ERC".

"Siempre buscaremos el acuerdo y esperamos obtenerlo, como hasta ahora", dijo la "número dos" del Gobierno, intentando deslindar lo ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña.

Allí, el PSC ratificó, en votación en comisión de la ponencia, su rechazo al blindaje competencial pactado por ERC y CiU, y se opuso a 38 de los 57 artículos sobre competencias, por inconstitucionalidad o desacuerdo.

ERC votó con CiU a favor de incluir la financiación autonómica como "derecho histórico", algo que rechazan el PSC y el PSOE. Por su parte, el PP insiste en su rechazo global al texto de la ponencia porque lo considera inconstitucional en su integridad.

Aunque ERC secundó la propuesta de CiU de incluir la financiación como derecho histórico, sigue defendiendo el modelo de financiación pactado con sus socios PSC e ICV en el Gobierno de la Generalitat.

EL GOBIERNO NO QUIERE "INTERFERIR"

En Madrid, Fernández de la Vega no quiso hacer referencia a la crisis entre PSC y ERC. "La posición del Gobierno es respetar la autonomía de los parlamentos y de los procedimientos que se están siguiendo en las reformas de los estatutos", comentó.

La vicepresidenta primera del Gobierno dijo que éste aceptará los cambios estatutarios que cumplan con "las tres ces": respeto a la Constitución de 1978, máximo consenso en el Parlamento autonómico proponente y que supongan una mejora para los ciudadanos.

"Yo espero que eso se produzca, pero estamos en estos momentos en el procedimiento que se produce en el Parlamento catalán y, por tanto, el Gobierno no va a hacer ninguna declaración que interfiera o que pueda interpretarse como una interferencia en el procedimiento, porque ese es el juego de las instituciones", concluyó.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, presente en la rueda de prensa, comentó que la solución que baraja el Ejecutivo para solucionar el déficit de la sanidad tiene que tomar en consideración "la capacidad normativa de las comunidades, algún esfuerzo fiscal por parte del Estado y un apoyo financiero temporal para permitir ir adaptándose a las tensiones generadas por los incrementos de población (inmigrante) a corto plazo".

A juicio del responsable de la economía española, este apoyo financiero tendrá que acabar cuando los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones de nuevos inmigrantes permita una financiación sanitaria más saneada.