Según informó Interior, el ministro, Fernando Grande-Marlaska, presidió el Consejo Nacional de Protección Civil, órgano que actúa como conferencia sectorial sobre la materia y reúne a todos los departamentos ministeriales, todas las comunidades y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Tras varios años en formato videoconferencia a consecuencia de la pandemia, las reuniones tanto del Pleno celebrado este miércoles como la de su Comisión Permanente, el martes, fueron presenciales en la sede de la Escuela Nacional de Protección Civil.

La Estrategia Nacional de Protección Civil es un instrumento de planificación operativa previsto en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. El primer documento entró en vigor en abril de 2019 con una vigencia de cinco años, por lo que debe ser revisado este año.

La II Estrategia Nacional ahora en tramitación incorpora la experiencia acumulada desde entonces en la prevención, gestión y respuesta a las emergencias y desarrolla nuevas líneas de actuación para que la autoprotección de la población, la formación de los profesionales o la incorporación de las nuevas tecnologías sean también algunos de sus pilares.

El objetivo último es fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, dotarle de mayor coherencia, eficiencia y agilidad, en línea con las directrices marcadas en el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres ‘Horizonte 2035’, aprobado en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma en marco de 2022.

Además de impulsar su tramitación de la II Estrategia Nacional de Protección Civil, el Consejo Nacional acordó crear distintos grupos de trabajo para el desarrollo de la Norma Básica de Protección Civil, documento que establece los riesgos que deben ser objeto de planificación de protección civil y las bases para la mejora de la coordinación y eficiencia de las actuaciones de los servicios de intervención y asistencia en emergencias.

OTROS ASUNTOS

Los participantes en el Consejo Nacional pudieron conocer también el Mapa de Riesgos de Protección Civil, un instrumento que permite identificar aquellas áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias y catástrofes, al que tendrán acceso todas las comunidades y ciudades autónomas en el marco de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (Renaim).

Durante 2023 se han desarrollado los requisitos técnicos y las funcionalidades de esta herramienta digital. Ahora arranca una segunda fase en la que todas las instituciones implicadas en la protección civil incorporarán sus propias cartografías de riesgo en los diferentes territorios.

Por último, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior presentó a los miembros del Consejo Nacional un nuevo registro de las catástrofes y emergencias que se registran en España, así como de los daños y pérdidas que provocan.

El denominado Proyecto Impacto es una iniciativa pionera y así lo ha reconocido la Unión Europea, que ha cofinanciado su desarrollo. La creación de este registro, prevista en la ley y que da respuesta al compromiso español de aportar estadísticas fiables a las instituciones internacionales, está llamado a ser un instrumento útil para la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos para la prevención, respuesta y recuperación antes y después de las emergencias.