Así lo anunció este miércoles el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que, en concreto, dicho plan moviliza 2.053.100 euros aportados por los gobiernos de trece comunidades autónomas y por el Gobierno de España, para financiar un total de 695 actuaciones.

“Con este plan se pondrá en marcha la transformación de los cuidados que reciben las personas mayores y personas con discapacidad que son dependientes, así como las personas sin hogar y menores migrantes, tal y como marcó la estrategia estatal”, abundó el ministerio.

El objetivo es transitar hacia un modelo que ofrezca cuidados personalizados en el hogar de cada usuario, así como transformar el actual modelo de atención en grandes residencias hacia un modelo de pequeña escala que tenga lugar en los entornos comunitarios de las personas usuarias, para que no tengan que abandonarlos.

Uno de los elementos “clave” de este plan, según destacó el departamento dirigido por Bustinduy, es el acceso a una vivienda “digna y accesible” como un derecho que “recorre sus ejes de actuación”, no solo para que las personas usuarias puedan recibir los apoyos necesarios sino también para “prevenir” la institucionalización.

Así, una “gran parte” de las actuaciones del plan están encaminadas a garantizar las condiciones que permiten a las personas en situación de dependencia quedarse en su hogar “tanto como deseen” o a que puedan acceder a viviendas con apoyos en la comunidad para seguir construyendo su proyecto de vida.

“La vivienda no es solo un derecho, sino la condición necesaria para que se puedan desplegar otros muchos derechos, como el de los cuidados dignos y la autonomía personal”, manifestó al respecto el ministro Bustinduy para subrayar la importancia de este asunto.

CINCO EJES

De los cinco ejes que componen este plan operativo, las acciones en vivienda se agrupan en los ejes 1 y 4 de varias líneas estratégicas.

El primero, sobre prevención de la institucionalización, está destinado a prevenir las dinámicas que “desembocan” en la institucionalización. Las medidas que despliega se concentran en facilitar el acceso a viviendas “dignas”, promocionar la salud y garantizar el acceso a los servicios de proximidad y la accesibilidad a edificios o documentos.

Recoge 233 actuaciones con una dotación de 602,6 millones de euros y entre ellas aparecen la creación de una red de 100 viviendas de titularidad pública de inserción social, de la Xunta de Galicia (modelo Housing First), la oferta de vivienda en alquiler de la Generalitat de Catalunya o las subvenciones para alquiler para jóvenes extutelados en Castilla-La Mancha.

El segundo eje, que tiene una previsión de dotación de, al menos, 131 millones de euros y está destinado a la participación y concienciación social, incluye 125 actuaciones que buscan fomentar la participación activa de las personas dependientes en la toma de decisiones sobre sus vidas, así como la importancia que tiene la autodeterminación y el derecho a vivir en comunidad.

Un ejemplo es el proyecto de la Comunidad Foral de Navarra para incluir a las personas con necesidades de apoyo y sus familiares en la elaboración de los planes individuales de atención o las subvenciones del Ministerio de Juventud e Infancia en Ceuta y Melilla para crear consejos de participación infantil y adolescente.

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO

En cuanto a la transformación de modelos de cuidado, este eje está centrado en “revolucionar” la formación de los profesionales y la gestión del sector para “transformar” el propio modelo. El objetivo es ofrecer a los profesionales las herramientas para poder personalizar los cuidados y fomentar la inclusión en la comunidad y mejorar las condiciones laborales del sector.

El eje está compuesto por 183 actuaciones que movilizan 687,2 millones de euros y entre estas medidas aparece el proyecto ‘Apoyos conectados para la autonomía personal’ de Aragón, que incorpora la figura profesional del gestor de apoyos para retrasar “al máximo” la institucionalización de las personas mayores o con discapacidad que sean dependientes, o evitarla, si así lo desea la persona.

Por lo que se refiere a los servicios para la transición a la comunidad, las medidas de este paquete se encaminan a que las personas tengan “alternativas dignas para vivir y ser cuidadas en la comunidad”. Para ello, se apuesta “firmemente” por el acceso a la vivienda y por el impulso de apoyos y servicios de base comunitaria que permitan a las personas poder vivir de acuerdo con su voluntad en sus comunidades.

Este bloque contempla 125 actuaciones con una estimación de 584,3 millones de euros y entre ellas se encuentra la creación de centros multiservicios y centros para atención a la fragilidad y prevención de la dependencia en el marco de la Estrategia CuidAs del Principado de Asturias.

Por último, en relación a las condiciones habilitadoras para la desinstitucionalización, el gabinete de Bustinduy explicó que todas las actuaciones recogidas en los anteriores ejes requieren de una “actualización” normativa, administrativa, de financiamiento y de coordinación institucional que se afronta en este último bloque.

Para ello se prevé la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Lapad) y el desarrollo de un sistema de gobernanza y coordinación de la propia estrategia que fomente la participación activa de todos los agentes y el eje recoge un total de 29 actuaciones con 47,9 millones de euros.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El plan operativo 2024-2025 ha sido elaborado mediante un proceso participativo con otros ministerios y con comunidades autónomas para asegurar que las políticas propuestas están “lo más ajustadas posible a las realidades locales”.

Este proceso colaborativo ha consistido en la celebración de seminarios, grupos de trabajo, grupos focales autonómicos, consultas y eventos públicos y ha contado con la participación del Ministerio de Sanidad, el de Educación y Formación Profesional, el de Trabajo y Economía Social, el de Juventud e Infancia y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

En relación a este plan operativo, Pablo Bustinduy inaugurará este jueves, en el salón de actos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Congreso EDI (Congreso Estrategia de Desinstitucionalización), en el que participarán personas expertas de referencia en el sector de los cuidados y en el que se presentará un estudio sobre los procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios, que se ha elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.

Este Congreso contará, además, con la intervención de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, para la clausura.