Así lo asegura el Gobierno en un escrito enviado al Congreso y al que tuvo acceso Servimedia, que responde a una pregunta de un diputado sobre las previsiones de aplicar medidas de compromiso social de las empresas a la hora de optar a un contrato con el Ejecutivo.

El Gobierno explica que su posición en esta materia está en línea con las orientaciones impulsadas por la Unión Europea, que ha propiciado un debate entre todos los socios comunitarios para construir un marco común.

La Comisión Europea, dice el Gobierno, ha dejado claro que la responsabilidad social es una opción voluntaria de las empresas, por lo que el papel de las administraciones queda fijado "en una labor de fomento y de apoyo".

Bajo ese principio de voluntariedad y con la intención de contar con las aportaciones de todos los sectores implicados, se encuadra la creación del Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas.

En él, explica el Gobierno, participarán representantes de diversos ministerios, de las entidades no lucrativas que ya realizan prácticas de RSE, de la sociedad civil a través de PNGs, y del mundo académico.

"A partir de las conclusiones a las que llegue el Foro, así como del diálogo social y de los resultados que extraiga la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados, el Gobierno estudiará las posibles políticas de fomento de la RSE que considere más adecuadas a la situación española", concluye.