Esta decisión sigue la línea establecida por el Pacto de Toledo, de tal forma que las ayudas del Estado corran a cargo de los presupuestos, y no de las cotizaciones sociales.

En junio de 2005, el Gobierno tomó medidas para ayudar a los agricultores y ganaderos que padecían los efectos de la sequía. Estas medidas se plasmaron en el Real Decreto-Ley 10/2005, de 20 de junio. En el área de Seguridad Social, se ofrecía una rebaja del 50% de las cotizaciones por contingencias comunes desde julio de 2005 a febrero de 2006, ambos inclusive.

La rebaja de cotizaciones podía ser solicitada por los titulares de explotaciones agrarias, inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, en las zonas afectadas por la sequía.

En total, 138.863 agricultores y ganaderos solicitaron la ayuda que en su conjunto suma 89.634.355,65 euros.

De esta cantidad, en Consejo de Ministros celebrado el 22 de diciembre de 2005 se acordó compensar a la Seguridad Social por importe de los 48.078.825 euros dejados de ingresar ese año y en la reunión del Consejo celebrada hoy se ha decidido completar el importe de la compensación con 41.555.530,65 euros correspondientes a 2006.