Lo testimonió la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la sede de su departamento en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el mismo día en que el Consejo de Ministros abordó el antedicho informe.

Sira Rego destacó que el informe se ha realizado “con mucho rigor científico” y lo consideró “pionero a nivel internacional”, colocando a España como un “país a la vanguardia” en materia de infancia al imponer en todo momento el “interés superior” del menor en el entorno digital.

Reseñó que el trabajo se compone de 107 medidas y recomendaciones a corto, medio y largo plazo para que sean tenidas en cuenta por el Gobierno, por las comunidades autónomas y por los “entornos familiares y afectivos” de los menores en lo concerniente al ámbito digital y a las redes sociales.

Sira Rego puso de manifiesto que el informe se remitirá al Congreso de los Diputados y a las comunidades autónomas, y reiteró que es “riguroso”, que cuenta con “base científica” y que en su elaboración han participado “expertos en diversas materias”.

También recalcó que ha sido elaborado de manera altruista, sin coste alguno para la Administración, y precisó que recoge recomendaciones para las “diversas etapas de la vida” de los chavales.

La titular de Juventud e Infancia indicó que el informe debería ser la semilla de un plan de acción que tendría que contar con las herramientas susceptibles de “garantizar los derechos y las libertades de la infancia en el entorno digital”.

DETALLE DEL INFORME

Entre las medidas recogidas en el informe para ser activadas a corto plazo, descuellan la obligatoriedad de que todos los actores del entorno digital cuenten con sistemas de verificación de edad para acceder a contenido que pudiera resultar nocivo para colectivos vulnerables; la configuración por defecto de espacios seguros digitales para los chavales por parte fabricantes y generadores de ‘software’, prestadores de servicios digitales, fabricantes de dispositivos y operadores de telecomunicaciones; la inclusión de etiquetados en los dispositivos digitales y aplicaciones advirtiendo de los principales riesgos para la salud que conlleva su uso; y la prohibición de acceso a cajas botín y otros mecanismos de gratificación inmediata a menores de edad.

En lo concerniente a la formación y al ámbito educativo, se destaca la importancia de reforzar los contenidos referidos a la educación afectivo-sexual y mejorar la competencia digital de los profesionales que trabajan con menores de edad.

También se apunta evitar el uso de dispositivos digitales propios del centro en el tramo de edad comprendido entre cero y tres años, priorizar la enseñanza analógica en la Educación Primaria utilizarlos como “herramienta didáctica, debidamente justificada y supervisada, y atendiendo a la edad del alumnado” en Secundaria.

En cuanto a la utilización de los dispositivos privados en los centros escolares, ésta no se permitirá en Educación Infantil y Primaria, al igual que en Secundaria, aunque en este último caso se permite su uso por “razones excepcionales, debidamente justificadas, situaciones especiales de salud o personales” y “como herramienta pedagógica, debidamente supervisada, motivado y recogido en el Plan Digital de Centro”.

Del mismo modo, se deberá informar del impacto del uso de estos dispositivos en el ámbito de la salud, en general, y de la salud mental, en particular, y se tendrá que definir como “problema de salud pública” los trastornos y adicciones sin sustancia derivados del impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia.

USO DE PANTALLAS

El comité de expertos sugiere no exponer a los chavales hasta tres años a los dispositivos digitales, desaconseja su uso hasta los seis años, desliza la necesidad de limitar su uso hasta los doce años y controlar su utilización, a través de medidas de control parental, entre otras, hasta los 16 años.

En la misma línea, el texto apunta la conveniencia de priorizar el uso de teléfonos analógicos, sin acceso a Internet entre 12 y 16 años; mientras que si se decide entregar uno inteligente antes de los 16 años, se insta a utilizar el control parental para limitar y controlar el acceso a los contenidos y a los tiempos de ocio.