El ministro reconoció que han vuelto a perder el control del gasto del INEM el pasado mes de enero, en el que las prestaciones por desempleo se elevaron a 160.000 millones de pesetas, 15.000 millones más que en el mismo mes de 1991.

Martínez Noval explicó extensamente las medidas para reducir el fraude, pero no quiso entrar en detalles sobre la reforma de la Ley General de Empleo, que está siendo ultimada por un grupo compuesto por expertos de los ministeris de Trabajo y Economía, para ser remitida posteriormente al Congreso.

Las medidas contra el fraude incluyen la persecución de los parados que compatibilizan la percepción del seguro con un trabajo por cuenta ajena o propia y el control de las rentas familiares de los perceptores de subsidios.

También incluye la agilización del trámite para cobrar el seguro, hasta situarlo en 10 días, la reserva de 60.000 plazas adicionales de formación profesional ocupacional y el incremento de los incentivos púlicos para los contratos de colaboración social.

Sin embargo, Martínez Noval descartó que vaya a condicionarse, con carácter general, la percepción del seguro de paro a la asistencia a cursos de formación profesional.

Esa medida, explicó, llenaría los cursos de parados con experiencia laboral y obligaría a expulsar a los jóvenes que buscan su primer empleo, que en 1991 fueron 121.686 de los 293.676 alumnos de formación profesional ocupacional.

El ministro recalcó, no obstante, que el desequiibrio financiero del INEM no es consecuencia del fraude sino del aumento del paro y de la elevada rotación en el empleo, como consecuencia de la generalización de la contratación temporal.

En su opinión, no es posible mantener la legislación actual sobre percepción del seguro de paro, cuando el gasto de las prestaciones ha crecido un 25 por ciento anual en 1990 y 1991, mientras que los ingresos por las cuotas de empresarios y trabajadores lo hacían al 10 por cien.

El ministro recordó que la Ley d Empleo, aprobada en 1984 con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, faculta al Gobierno para modificar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder al seguro de desempleo a en función de la marcha del paro y la situación financiera del INEM.

A este respecto, Martínez Noval dejó entrever que ese periodo mínimo será elevado, al afirmar que el sistema actual, por el que seis meses de trabajo dan derecho a tres de seguro de desempleo, "tiene muy poco de contributivo". Añadió que elGobierno modificará esta normativa intentado que acarree "el menor coste social posible".

En el turno de portavoces de los grupos parlamentarios, Celia Villalobos, del Partido Popular, aseguró que los planes del Gobierno ponen de manifiesto el fracaso del INEM como agencia de colocación de parados y que los efectivos de la Inspección de Trabajo son insuficientes para luchar contra el fraude.

Izquierda Unida ofreció su apoyo a la Administración en el combate contra el fraude, por entender que es "n ataque al Estado del Bienestar", pero se mostró contrario a la reducción de las prestaciones del desempleo.

En opinión de este grupo, el fraude sería imposible "si los empresarios cumpliesen con sus obligaciones y diesen de alta en el INEM a los trabajadores en el momento de contratarlos".