El Gobierno Civil oscense se compromete a controlar a la población inmigrante ilegal y a establecer medidas de vigilancia, por medio de la Policía y la Guardia Civil, para que no se produzcan problemas de convivencia en la comarca.

Este es el principal resultado de la reunión que los lcaldes del Bajo Cinca y de algunas poblaciones de La Litera han mantenido con el gobernador civil, Vicente Valero. A estas medidas de control y orden público hay que unir otras de carácter laboral y social.

En la reunión, a la que asistió también el director provincial de Trabajo, se insistió en la necesidad de adecuar la demanda a la oferta de trabajo, mediante una estimación aproximada de la mano de obra que se va a necesitar en la campaña.

Asimismo, el Departamento de Ordenación Territorial dl Gobierno de Aragón ha comunicado que arbitrará una línea de ayudas para habilitar viviendas donde puedan alojarse los trabajadores en situación legal.

En la reunión se insistió, por otra parte, en que al igual que habrá una importante presencia de fuerzas de seguridad para evitar la llegada de inmigrantes ilegales, con la misma intensidad se realizarán inspecciones de trabajo para impedir la contratación ilegal.

Agustín Vilar, alcalde de Fraga, declaró que de esta forma "el empresario sabrá quetiene difícil contratar a trabajadores ilegales, porque puede ser objeto de inspecciones por parte de la Delegación de Trabajo, con costes importantísimos".

En la madrugada del 27 de junio de 1992 cinco ciudadanos magrebíes fueron brutalmente apaleados por un grupo de jóvenes de la localidad oscense de Fraga, tras las quejas de los vecinos fragatinos por el incremento de robos y agresiones, de los que culpaban a los temporeros. Este incidente provocó la dimisión del entonces alcalde de Fraga, Francisc Beltrán, tras diez años en la alcaldía.