Al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a primeras horas de la noche, el titular de Economía, Rodrigo Rato, expresó la satisfaccióndel Gobierno por el compromiso alcanzado, apoyado por todas las comunidades con competencias propias en sanidad, y al que se oponen Extremadura y Castilla La Mancha. Destacó además la determinación de todas las administraciones en favor de un sistema de salud público, universal y gratuito.

En concreto, el nuevo sistema de financiación aportará a la sanidad pública 320.000 millones de pesetas más que en 1997, a los que se sumarán otros 65.000 millones para la mejora de la calidad de la asistencia proceentes del ahorro en gasto farmacéutico.

Según las explicaciones del Gobierno, 200.000 millones ya estaban previstos en los Presupuestos del Estado para el año que viene, y el resto saldrá de la reducción del gasto en incapacidades laborales (40.000 millones de pesetas) y los otros 73.000 millones se cubrirán con cargo al deficit de 1997.

Los 65.000 millones de pesetas procedentes del ahorro son los que el Gobierno pretendía inicialmente costear mediante una reducción en el gasto de medicinas con l llamado "medicamentazo", pero en la reunión preparatoria, horas antes del Consejo, Hacienda anunció las negociaciones que mantiene con la industria del sector farmacéutico, para proceder a una reducción de los precios de los medicamentos.

La estrategia del Gobierno en dichas negociaciones es reducir el impacto del "medicamentazo" al 50% aproximadamente de lo que se había previsto, y cargar el resto sobre la rebaja de precios, lo que equivaldría a un abaratamiento del 4 por ciento, es decir, unos 40.00 millones de pesetas sobre la factura total de medicinas de la sanidad pública.

En conjunto, según las cifras oficiales del acuerdo proporcionadas por Economía, serán 3,837 billones de pesetas los que se destinarán a la sanidad el año próximo.

De esa cantidad, unos 3,7 billones se repartirán de acuerdo a criterios de población atendida, usando como referencia el censo de 1996, y el resto se distribuirá mediante un sistema de compensaciones a las comunidades autónomas más afectadas por los cambis que se van a introducir.

En concreto, para financiar el coste de los tratamientos a personas desplazadas a otras comunidades en las que no residen, se destinarán casi 48.000 millones de pesetas, de los que 23.000 corresponden a Cataluña, y otros 20.000 serán para compensar a las regiones que por el nuevo censo van a reducir su volumen de población y, por tanto, su participación en el conjunto de los recursos para la sanidad. De estos otros 7.500 son para Cataluña.

Las críticas de Extremadura, Cstilla La Mancha y Andalucía -esta última mediante un voto particular porque afecta a parte del nuevo sistema-, vienen por el reparto que se hace del dinero adicional y los fuertes beneficios que el nuevo modelo reporta a la comunidad catalana.

En concreto, según el consejero de Sanidad extremeño, Manuel Amigo, Cataluña percibirá el 45% de los fondos adicionales, cuando su peso relativo en el conjunto del sistema es del 15%.

Frente a ello, añadió, los territorios que gestiona el Insalud representn el 38% de la población atendida y sólo se llevan el 16% del dinero que se aportará de más al sistema de salud.