El secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, apeló al "sentido común" de la sociedad para que, en caso de convocarse, la huega tenga un escaso seguimiento, ya que "es lo último que necesita el país".

En la misma línea se pronunció, durante unas jornadas de la Asociación para el Progreso de la Dirección, el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, que aseguró que un paro en estos momentos "no sirve para nada".

Desde Bruselas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán, pidió a los agentes sociales que dejen de amenazar y que "cambien los insultos por las propuestas concretas".

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE, Arturo Gil, calificó de "disparate" esta posibilidad en un momento de crisis económica: "De las crisis se sale trabajando", puntualizó Gil, que responsabilizó al coordinador general de IU, Julio Anguita, de alentar estas movilizaciones, que "son más políticas que sindicales".

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, mostraron ciertas dudas a la hora de decantarse por un paro general y aseguraron que, de momento, aunarán ss esfuerzos en las manifestaciones del próximo jueves día 25.

Aun así, Gutiérrez advirtió que CCOO está pensando "seriamente" esta posibilidad, aunque precisó que "debe ser decidida unitariamente".

EQUILIBRIO EN LA REFORMA

Por otra parte, Alfredo Pastor se refirió a la reforma del mercado laboral y aseguró que el Gobierno pretende que se mantenga un "equilibrio" en las negociaciones colectivas de las empresas, para que "ambas partes jueguen igual número de bazas y no que la mayoría estén en un ado, como estaban antes".

Indicó que lo "deseable" hubiera sido alcanzar un acuerdo en el Pacto Social que se trasladase a la reforma del mercado de trabajo y puntualizó que sería de "miopes" interpretar que con el desacuerdo el Gobierno quiere restar fuerza a los sindicatos.

En esta misma línea, el vicepresidente de CEOE, Arturo Gil, calificó de "insuficientes y muy escasas" las reformas que elabora el Ejecutivo, ya que, en su opinión, "no dan credibilidad a la inversión privada".

Por últim, achacó al Gobierno que mantenga las "elevadas" indemnizaciones por despido, la autorización administrativa previa a la regulación de empleo y que modifique "sólo parcialmente" las negociaciones colectivas.