Gobierno y EH Bildu llevaban "meses" trabajando por alcanzar un acuerdo respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada de manera crítica 'ley mordaza'. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han sido, por el Gobierno, parte negociadora en este acuerdo.

La propia Montero desveló este jueves que desconocía "el motivo" de por qué Bildu anunció el acuerdo hoy, pero fuentes gubernamentales aclararon, posteriormente, que "está acordado, sobre todo, con el Ministerio del Interior, puesto que es su competencia".

Así, fuentes del Ejecutivo celebraron que Bildu haya "rebajado" sus condiciones para sacar esta norma adelante. Sin embargo, también recuerdan que es una ley cuyo texto base, propuesto por el PNV, decayó la pasada legislatura y ahora "se trata de empezar otra vez y eso implica que tenemos que negociar con el resto de grupos", señalan.

De ahí que el Ejecutivo sostenga que "aún quedan más negociaciones" y no como señaló Bildu. La formación vasca quiso ganar al PNV señalando en rueda de prensa este jueves que será su grupo quien registre esta vez la iniciativa "en las próximas horas" y adelantaron que podría sumarse algún otro grupo con su firma. Desde Bildu comentan a Servimedia que "el objetivo es que la Mesa del Congreso la califique en su reunión de la próxima semana y sea elevada el Pleno en un plazo de unas dos semanas, utilizando el cupo de EH Bildu". Algo a lo que el Ejecutivo no se opone.

Así, en unas declaraciones a su entrada a las jornadas denominadas 'Transformando las Pymes con el Plan de Recuperación' celebradas en el auditorio de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, Montero recalcó que el Gobierno lleva un año "intentando impulsar el proyecto que llevaba en su acuerdo de coalición como era la derogación de los aspectos más lesivos que contenía la 'Ley mordaza' que se promulgó por parte del Partido Popular". "No hemos dejado de hablar con los grupos políticos para intentar ya terminar de sortear aquellos obstáculos que hacían de alguna formaciones políticas pues no compartieran la totalidad del texto".

La vicepresidenta destacó que había tres elementos con los que Bildu no estaba de acuerdo con el anterior texto registrado en sede parlamentaria y "se han planteado las enmiendas correspondientes para llegar un acuerdo que consiste en la eliminación progresiva, y este elemento es muy importante, porque las tecnologías aportan nuevos instrumentos que facilitan la eliminación progresiva de las pelotas de goma y, por otra parte, la calificación de los delitos de desobediencia respecto a las personas que hayan cometido delitos".

Así, Montero recalcó que no se podrán aprovechar todos los trabajos que se hicieron en la comisión, pero consideró en que "todos los grupos que entonces estaban de acuerdo ahora coincidirán en qué los planteamientos que entonces se hicieron siguen estando vigentes". "Ya veremos cuál es la mejor manera de impulsar la tramitación y si hay consenso para poder hacerlo", advirtió.

EL ACUERDO

El acuerdo con Bildu establece que las pelotas de gomas serán sustituidas "de manera progresiva" por materiales menos lesivos y que no causen lesiones irreparables, aunque no se han concretado cuáles. Así, en lo que respecta a devoluciones en caliente, el Gobierno dispondrá de seis meses para abordar la modificación de la Ley de Extranjería con el fin de incorporar una disposición adicional para regular un régimen especial en Ceuta y Melilla que garantice los derechos de las personas migrantes, asegurándose de que las solicitudes de asilo se tramiten conforme a la ley y respetando los Derechos Humanos.

En este sentido, la iniciativa reza que será obligatoria la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la consecuente evaluación deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión. En la pasada legislatura, los socialistas plantearon desvincular este asunto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, comprometiéndose a incluirlo en una futura reforma de la Ley de Extranjería, pero este acuerdo confirma que no se desvinculará.

Asimismo, los insultos o injurias con este nuevo acuerdo, cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasaría a ser sólo una falta leve, siempre y cuando estas conductas no fueran constitutivas de infracción penal.

Por infracción se entenderán “las expresiones relevantes”, que en ningún caso podrá interferir con la libertad de expresión. Según explicó el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, tendría como fin acabar con el criterio, a su juicio, discrecional por el que un agente podía considerar como una falta de respeto a la autoridad “una mirada, una camiseta o el tono de voz”.

Mientras que otra de las novedades sería la cancelación de la falta en caso de que el sancionado accediese a retractarse o disculparse por sus expresiones.

Por último, la infracción de desobediencia pasaría de falta grave a leve y se entendería como tal cuando, tras una orden legal, el implicado opusiera resistencia corporal o se negase a identificarse o aportase datos falsos o inexactos. Incurriría en la infracción toda vez que sea de forma "manifiesta, clara y objetivable”, y siempre y cuando “no sea constitutiva de infracción penal”.