Así se recoge en el II Informe Nacional de Estrategias de Protección Social e Inclusión Social, 2008-2010, aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

El objetivo de este informe, continuación de otro queabarcó el periodo 2006-2008, es, según el Gobierno, reforzar las políticas sociales y avanzar en el Estado del Bienestar.

Concretamente, las principales líneas del plan son la subida de las pensiones más bajas, el incremento del salario mínimo, las políticas de empleo, el mantenimiento de las nuevas prestaciones sociales, el desarrollo y plena implantación de la Ley de Dependencia, la apuesta por la educación de 0 a 3 años, una Ley de Salud Pública y la regulación de los tiempos máximos de espera en casos que puedan derivar en discapacidad o secuelas graves.

La primera parte del informe, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social 2008-2010, persigue cinco objetivos: fomentar el acceso al empleo y promover políticas activas de inclusión; garantizar y mejorar recursos económicos mínimos; alcanzar una educación con equidad; apoyar la integración social de los inmigrantes, y garantizar la atención a las personas en situación de dependencia.

PENSIONES

La segunda parte corresponde a la Estrategia de Pensiones, enfocada a la adecuación, la modernización y la sostenibilidad financiera del sistema.

La estrategia, que busca la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en materia de conciliación familiar, laboral y personal, promueve medidas para la simplificación del sistema mediante la integración de algunos regímenes especiales.

Las proyecciones incluidas en el informe señalan que el sistema español de pensiones tiene asegurado el equilibrio financiero hasta 2029.

FORTALECER EL SNS

La última parte del informe es la correspondiente a la Estrategia de Atención Sanitaria y Cuidados de Larga Duración, un apartado que pretende fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Para ello, entre otras medidas, el Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollará una Estrategia de Equidad, Salud y Género y se elaborará una Ley de Salud Pública, que siente las bases de la Salud Pública del siglo XXI.

Del mismo modo, Sanidad promoverá una norma común de tiempos máximos de espera en aquellos casos que puedan derivar en discapacidad o secuelas graves y potenciará la atención primaria así como la prevención del consumo de drogas.