Según recordó el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dicha normativa fue aprobada en octubre de 2007 con el objetivo de hacer efectivo el principio "quien contamina, paga".

Esta ley busca mejorar la aplicación de medidas preventivas de daño ambiental y fortalecer la responsabilidad ambiental de las empresas en el desarrollo de sus actividades económicas y productivas.

Este instrumento constituye así un paso más en el desarrollo y aplicación de la norma. Además de las funciones de intercambio de información o asesoramiento, la Comisión se encargará de la elaboración de guías metodológicas y estudios, dictámenes periciales, recopilación de datos estadísticos de daños medioambientales, listado actualizado de verificadores, entre otras.