Según fuentes del Ejecutivo autonómico, "el Consejo de Gobierno ha ordenado al gabinete jurídico de la Junta de Comunidades ejercer cuantas accioes jurídicas sean precisas en favor de los intereses regionales en la cuenca del Tajo cuando se efectuén transvases superiores al volumen excentarios en dicha cuenca".

Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó "requerir al ministerio de Obras Públicas y Transportes para que remita a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha el contenido del acuerdo del Consejo de Ministros".

Según el presidente castellano-manchego, José Bono, este recurso "será encargado a algún grupo de profesionales con el fi de que el acierto y la ciencia nos acompañe para ganar este pleito".

El Gobierno regional considera que el acuerdo del Consejo de Ministros no cumple los requisitos legales.

Según la Ley reguladora del Régimen Económica del acueducto Tajo-Segura de 1980, sólo podrán realizarse trasvases cuando haya agua excedentaria, circunstancia que no se cumple en este caso.