Según la disposición cuarta de este proyecto de ey, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, "de acuerdo con lo establecido en la ley 48/1984, reguladora de la objeción de conciencia y la prestación social sutitutoria, propondrá a la Administración central la participación de los objetores en programas de la comunidad autónoma".

El consejero de Bienestar Social, Fidel Martínez, explicó hoy en Toledo que esta propuesta "es una ventana de aire fresco que abrimos al problema de los objetores en nuestro país".

Martínez calificó la iniciativade "valiente y atrevida" y se mostró esperanzado de recibir una respuesta afirmativa del Gobierno de la Nación.

Este proyecto de ley, una vez sea debatido y aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha, afectará a los 10.500 voluntarios que hay en esta comunidad autónoma, que además cuenta con otros 2.500 voluntarios de Protección Civil sometidos a una normativa reguladora específica.

En el proyecto de ley se establecen también las áreas de intervención del voluntariado, que no sólo abarcan los srvicios sociales, sino también otros, como la salud, la cooperación internacional, cultura, ocio, tiempo libre y medio ambiente. Asimismo, también se incluye el Estatuto del Voluntariado, en el que se establecen los derechos y deberes del voluntario.