Según un comunicado hecho público por la oficina portavoz "el gobierno de Castilla-La Mancha considera que una medida de estas características se manifiesta en contra de los principios de la solidaridad interterritorial que ha inspirado la redacción del Plan Hidrológico Nacional".

El ejecutivo autónomo, continúa diciendo el comunicado, manifiesta su firme intención de defender los intereses de los ciudadanos hacindolos compatibles con la práctica de una política que equilibre los recursos existentes y garantice las demandas.

El gobierno castellano-manchego ya se manifestó esta semana cuando conoció la propuesta de la comisión de explotación del acueducto Tajo-Segura al consejo de ministros de aprobar un nuevo trasvase de su oposición a esta medida al considerar que no hay agua excedentaria en los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y de Buendía (Cuenca), requisito indispensable según la ley reguladora de régmen económico del acueducto Tajo-Segura de 1980.

El presidente de Castilla-La Mancha José Bono ya advirtió el pasado miércoles que "la postura de la Comunidad Autonóma en el caso de que se aprobara un nuevo trasvase sin excedentes sería "rabiosa" dentro de la legalidad".