Fernández Santiago dijo que "está prohibido el consumo de la carne de esas vacas, que debe ser destruída, pero en el supuesto de que se consuma, no afecta a la salud, por lo que no habría presunto delito contra la salud pública, aunque sí una estafa y un delito contra sanidad animal".

El consejero diferenció este caso del de animales engordados por medio del clembuterol. "En el caso del clembuterol sí afecta a la salud y, por tanto, hay un problema de sanidad humana; la diferenci es grande a efectos de alarma sanitaria".

No obstante, en cuanto al fraude, que para Castilla y León supone la pérdida ade 133 millones de pesetas, la Junta pidió "una actuación contundente de las autoridades judiciales".

En contra de anteriores afirmaciones, el consejero afirmó que el Gobierno castellano-leonés se ha personado en el caso como parte interesada, pero que no lo hizo hasta la semana pasada, porque en principio se intentó una "unidad de actuación jurídica" entre todas las comunidade autónomas afectadas.

En Castilla y León, según afirmó el consejero, se conocía el envío de las reses enfermas al Matadero de Reinosa, y ese traslado "estaba justificado, porque en esta comunidad no existían entonces, hace dos años, mataderos equipados con el sistema térmico necesario para tratar a esos animales, algunos de los cuales, después de sacrificados, podían ser consumidos".

En este sentido, Fernández Santiago diferenció las vacas afectadas de leucosis y perineumonía, que deben ser sacriicadas para no contaminar la cabaña ganadera y destruídas, porque su consumo está prohibido, de las que dan positivo en el test de la tuberculina, que son aptas para el consumo humano en la mayoría de los casos, una vez tratadas.

No obstante, la Junta de Castilla y León recibió del Matadero de Reinosa durante todo ese tiempo los certificados correspondientes al sacrificio de las reses y desconocía la venta de su carne.

Según los últimos datos, el fraude por la venta de esos animales, por cuyo sacificio 8 comunidades autónomas pagaron a los ganaderos hasta 500 millones de pesetas, podría haber supuesto el traslado a mercados franceses y marroquíes de hasta 280.000 toneladas de carne.

El próximo lunes comenzarán a declarar ante el juez comarcal de Reinosa un total de 22 personas, entre ellas los tres máximos implicados, copropietarios de la concesión del Matadero Municipal.