Este es uno de los acuerdos adoptados hoy por el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno cántabro, Vicente Mediavilla, que se reunió con su homólogo en la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada.

El objetivo del encuentro era conocer la experiencia de la Comunidad de Madrid en la construcción de las nuevas sedes judiciales y los avances tecnológicos aplicados en este ámbito, según informó el Gobierno de Cantabria.

El consejero de Justicia de Cantabria explicó que el Gobierno está ultimando su plan de reunificación para los partidos judiciales de Santander y Torrelavega, lo que supondrá "la mejora inmediata de la atención al ciudadano y de la propia agilidad de la actividad judicial".

En 2008 se iniciarán los trabajos para "centralizar las sedes dispersas por la ciudad y aplicar las nuevas tecnologías, mejorando el servicio y dignificando el trabajo de los empleados públicos y de los magistrados y jueces de la región", manifestó Mediavilla.

Para acometer estas inversiones, se ha previsto una partida en el presupuesto regional de 3,6 millones de euros, en su mayoría para remodelar y mejorar las instalaciones judiciales de Cantabria.

El proyecto para Torrelavega, que atiende a 122.000 ciudadanos, contempla la centralización de todos los servicios en un único punto de la ciudad, en la finca de El Carmen.

Para Santander, además de la reforma del complejo judicial de Las Salesas, que está acometiendo en su integridad el Ministerio de Justicia, el Gobierno de Cantabria construirá en el antiguo edificio de Tabacalera la futura sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia Provincial y la Fiscalía.

Además, la Consejería de Justicia construirá en Valdecilla la nueva sede del Instituto de Medicina Legal.

Por su parte, Prada señaló que con la reunión de hoy se inicia un periodo de colaboración entre las dos comunidades, en el que se tratarán "los proyectos mutuos y de interés para ambas administraciones".

El consejero madrileño se mostró convencido de que la gestión del Gobierno de Cantabria en la Administración de Justicia "mejorará excepcionalmente el servicio", aunque admitió la elevada responsabilidad y complejidad de su ejercicio, sobre todo, por la imposibilidad de crear nuevos órganos judiciales.