Esta consulta se produce después de que el ministerio fiscal archivase la denuncia presentada por la Mesa del Parlamento cántabro por el retraso en la publicación de esta ley en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), lo que permitió al presidente cántabro prorrogar los presupuestos de l993.

Lucio Valcarce, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictaminó que no existen indicios que determinen responsabilidad penal en la actuación realizada por el prsidente cántabro, Juan Hormaechea, respecto a la publicación de la nueva ley.

El consejero de la Presidencia, José Ramón Ruiz, indicó hoy que el Ejecutivo cántabro es de la opinión de que "la Asamblea regional está otorgándose unas atribuciones propias del Consejo de Gobierno".

Ruiz explicó que han realizado siete preguntas al Consejo de Estado, entre las que destacan la referida a si "la situación planteada con la nueva ley no implica el ejercicio por la Asamblea de la acción de Gobierno en luga de la de control" y la que solicita que se dictamine si "esta nueva ley tiene prelación o no respecto a la Ley Orgánica aprobada en el Estatuto de Autonomía de Cantabria".

El titular de la Consejería de Presidencia consideró "muy importante" el dictamen que pueda ofrecer el Consejo de Estado, porque "la Administración regional tendrá un camino más claro y diáfano sobre la interpretación de esta ley".