Concretamente, el Gobierno canario ha manifestado su disconformidad con el artículo 16.2 y la disposición adicional cuarta de la mencionada ley, que otorga al Estado la titularidad de la parte de los Parques Nacionales situada en aguas marinas, según informó el Ejecutivo regional.

El artículo 16.2 manifiesta que "corresponde a la Administración General del Estado la gestión de los Parques Nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, cuando el ecosistema protegido carezca de continuidad ecológica con la parte terrestre o la zona marítimo- terrestre situadas en la comunidad autónoma".

Por su parte, la disposición adicional cuarta considera que, "en la declaración y pérdida de la condición de los Parques Nacionales sobre aguas marinas de competencia de la Administración General del Estado, el acuerdo de aprobación inicial de la propuesta corresponderá al Gobierno de la Nación".

"El requisito de acuerdo favorable de la Asamblea Legislativa se sustituirá por un informe preceptivo de las comunidades autónomas cuya actividad pueda afectar a la protección del espacio natural", concluye la disposición adicional cuarta.