El viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canaria, Rafael de Saja, explicó a Servimedia que estas iniciativas están recogidas en el Plan General de Asuntos Sociales del Ejecutivo autónomo para los próximos diez años, que el 10 de septiembre estudiará el Gobierno regional.

De Saja indicó que este plan supone la ordenación de todo el ámbito de los servicios sociales en la comunidad autónoma y prevé la planificación de estos servicios hasta el año 2010.

Además, el plan refleja la necesidad de que el Estado promulgue una Ley de Armonización Financira de los Servicios Sociales, ya que el archipiélago recibe del Estado 2.000 pesetas por habitante y año en concepto de transferencia y en otras comunidades esta aportación llega hasta las 12.000 pesetas. "Es necesario que esto se ordene", sentenció.

De Saja calificó de "hito político" la intención del Gobierno canario de reivindicar la gestión de todos los fondos que desde el Estado se dedican a servicios sociales, "de modo especial el correspondiente al 0,52 por ciento del IRPF".