El Gobierno canario seha comprometido a desarrollar en el plazo de un año las normas sobre ayudas, conciertos y subvenciones destinadas a conseguir los objetivos de la ley.

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se ha marcado un plazo de diez años para reducir de forma notable todas las barreras que supongan impedimentos físicos a las personas con minusvalías.

Sin embargo, el portavoz del Partido Popular en la ponencia sobre la Ley, Ignacio González, ha expresado su desconfianza sobre la aplicación práctica de ese proyecto, "porque siempre se suelen quedar en buenas intenciones", y añadió que, a su juicio, no existe "voluntad política en el Gobierno" para aplicar la ley.