Esta ayuda, según explicó el ministerio, se ha materializado en medidas como el cese de actividad extraordinario para autónomos, los ERTE por fuerza mayor, las Incapacidades Extraordinarias por la DANA o las revalorizaciones del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones mínimas. Estas medidas, señaló, aparecían recogidas en el primero de los reales decretos aprobados por el Gobierno para ayudar a los afectados, dotado con 16.000 millones de euros.

Asimismo, indicó que en el último real decreto, aprobado el pasado 28 de noviembre en Consejo de Ministros, se estableció que las ayudas de la DANA no computaran como ingresos a efectos de solicitar otras prestaciones en el futuro, para evitar que puedan suponer un impedimento para el reconocimiento de otros derechos. “No queremos que la solicitud de esta ayuda necesaria sea una preocupación extra para quienes la necesitan”, aseguró la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

MÁS DE 4.500 BAJAS EXTRAORDINARIAS

Además, apuntó que, hasta el momento, se ha registrado 4.564 bajas médicas extraordinarias a consecuncia de la Dana. Esta figura, señaló, se trata de una incapacidad temporal extraordinaria para las personas que se hayan visto física o psicológicamente dañadas por esta catástrofe y para ello se ha asimilado a las derivadas de accidente de trabajo, lo que garantiza desde el primer día el 75% del salario. Para percibir dicha ayuda, explicó, no se exige periodo mínimo de cotización

También destacó que las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad causadas por la DANA también se asimilarán a accidentes de trabajo y, por tanto, verán aumentadas su cuantía y mejoradas sus condiciones al calcularse en base a los ingresos totales del último.

SUBIDA DEL IMV

Respecto al Ingreso Mínimo Vital, el ministerio aseguró que ha subido un 15% las nóminas de las casi 45.000 personas beneficiarias de este y las casi 11.000 de pensiones no contributivas de los municipios gravemente afectados por la DANA .

Además, anunció que el complemento de ayuda a la infancia ha subido un 30% en los hogares de la zona afectada que lo perciben, unos 10.350 y que este aumento de las prestaciones se ha llevado a cabo de oficio, sin que los beneficiarios tuvieran que hacer ningún trámite. Esta medida, señaló, se va a mantener, al menos, tres meses.

También detalló que se ha facilitado la solicitud del IMV, que ya han visto concedidas 996 familias. En este sentido, se va a poder solicitar desde el 1 de enero el IMV por pobreza sobrevenida (en situaciones normales no se podría hasta abril) y se tendrán en cuenta los ingresos de los tres meses anteriores.

4.000 AUTÓNOMOS

Asimismo, señaló que 4.134 autónomos se han acogido a la prestación por cese de actividad, hecho que conlleva la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social. El ministerio explicó que autónomos afectados pueden acceder a esta prestación, del 70% de su base de cotización, incluso si no cumplen con el periodo mínimo de carencia (habitualmente 12 meses). Además, ese tiempo les va a contar como cotizado a efectos de pensión, pero no de cara a futuros cese de actividad, por ejemplo (lo que se conoce como “contador a cero”).

El ministerio recordó que ha contemplado una modalidad parcial para los trabajadores autónomos que no han tenido que cerrar su negocio, pero sí han visto muy afectada su actividad. Estos trabajadores podrán compatibilizar esta prestación, equivalente al 50% de su base de cotización, con su actividad laboral.

DATOS DEL ERTE

Destacó que para proteger el tejido productivo, se darán facilidades en los pagos a la Seguridad Social, con la suspensión y la ampliación de plazos, así como en la solicitud de bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

Para las empresas que continúen su actividad, la posibilidad de solicitar aplazamientos durante los próximos cuatro meses a un tipo de interés muy reducido del 0,5% o moratorias a un año a interés cero del pago de cotizaciones sociales.

Por último, indicó que entre las medidas aprobadas se incluye que los titulares de planes de pensiones afectados por la DANA pueden retirar sus fondos de forma inmediata hasta un máximo de 10.800 euros, con el objetivo de que puedan disponer de liquidez.