Las enmiendas, que presenó el PSOE, sustituyen a las dos proposiciones no de ley propuestas por el PP y por IU-IC, en las que instaban al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que Intelhorcevolviera al sector público y para que Imepiel fuera gestionada de forma transitoria por el Ejecutivo.

Tanto Imepiel como Intelhorce eran empresas públicas que fueron vendidas al sector privado. En el caso de la empresa valenciana, su último propietario, el catalán Josep Cusí, presentó recientemente un expediente de suspensión de pagos, mientras que la dirección de Intelhorce negocia un plan de viabilidad.

El diputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó, que planteó la enmienda de Imepiel, insisió en que la vuelta de la empresa a la Dirección General de Patrimonio del Estado no es una solución que garantice su futuro.

Aseguró que el Gobierno no agotará el plazo de tres meses para buscar una solución definitiva a la situación que atraviesa Imepiel y que intentará que mientras duren las negociaciones entre las partes implicadas, los trabajadores sean los menos perjudicados y puedan cobrar puntualmente sus salarios.

Tanto el diputado de IU-IC, Ricardo Peralta, como el del Grupo Mixto, JuanOliver, coincidieron en que es necesaria la intervención urgente del Estado para buscar una solución que garantice el mantenimiento del empleo en Imepiel y la viabilidad de la firma.

Para ambos diputados, la Administración no analizó adecuadamente a quien vendió Imepiel. Insisitieron en el incumplimiento de las condiciones de venta y resaltaron la necesidad de desarrollar medidas que permitan la creación de empleo en Vall d'Uixo, comarca muy deprimida en la que está ubicada la empresa.

RECOLOCAR LOSEXCEDENTES

José María Escuín, del PP, señaló que los trabajadores de Imepiel están angustiados y que hay que solucionar los graves problemas del Vall d'Uixo, que, a su juicio, no se reducen exclusivamente a los salarios y los empleos de Imepiel, sino a la reindustrialización de la zona.

Pidió al Gobierno que explique cual será la solución que busque para la empresa valenciana y expresó su deseo de que a partir del 17 de mayo, fecha en la que caduca el plazo de los tres meses, Imepiel pueda seguirfuncionando en las áreas rentables y los excedentes tengan una adecuada protección o sean recolocados.

En cuanto a la malagueña Intelhorce, Luis Pagán, diputado socialista que presentó la enmienda, aseguró que el problema de las jubilaciones anticipadas está resuelto ya que recientemente la Junta de Andalucía aprobó un presupuesto de 1.200 millones para pagar a los afectados.

Explicó que las negociaciones entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la dirección de Intelhorce y el comité de mpresa para buscar una solución negociada empezarán esta semana.

Los diputados de IU, Andrés Romero, y del PP, Celia Villalobos, coincidieron en criticar que la empresa andaluza se vendiera al sector privado sin asegurar su viabilidad y el mantenimiento del empleo, e insistieron en que hay que buscar una solución a corto plazo.

Los problemas de Imepiel e Intelhorce se han visto agravados por una resolución aprobada recientemente por la CE, que considera ilegal la concesión de ayudas públicas realzadas a estas empresas previas a su venta.